Hace 10 años, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán caían muertos a algunos pasos de distancia y con diferencia de minutos en la estación de trenes de Avellaneda. Habían sido víctimas de la salvaje represión policial que ese mediodía impidió a las organizaciones sociales subir al Puente Pueyrredón para manifestarse. Hoy, multiplicados por miles, integrantes de esas agrupaciones participaron allí del acto central en el que los organizadores reclamaron que la sentencia contra los policías quede firme y denunciaron que el Gobierno “hizo todo para salvaguardar” la libertad del entonces presidente interino, Eduardo Duhalde.

La vigilia y el corte de la principal vía de unión entre el sur del Gran Buenos Aires y la Capital se iniciaron esta madrugada. Al ritmo de los redoblantes y detrás de sus respectivas banderas, las agrupaciones comenzaron a avanzar por Pavón desde la estación Avellaneda y desde allí subieron al puente, donde poco antes de las 14 se realizó el acto central que cerró con la lectura de un documento en el que las organizaciones repudiaron la falta de apertura de archivos de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) para buscar "pruebas" y avanzar sobre los "responsables políticos" de los crímenes, y recordaron que el juez Ariel Lijo, "puesto a dedo por (el fallecido presidente) Néstor Kirchner", ordenó archivar la causa iniciada en 2002 para "investigar las responsabilidades políticas de la "masacre"".

De la movilización participaron el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Teresa Rodríguez, el MTR, el MTD Aníbal Verón, el Polo Obrero y el Movimiento Popular La Dignidad, entre otras agrupaciones, que reclamaron también "cárcel efectiva para los responsables materiales y autores intelectuales del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán".

A diez años de los homicidios, la sentencia contra los policías condenados fue apelada ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Por las muertes de Maximiliano y Darío, y por otros siete intentos de homicidios, un tribunal de Lomas de Zamora condenó al ex comisario Alfredo Franchiotti y a su ex chofer, el cabo Alejandro Acosta. La falta de sentencia firme permitió que Franchiotti sea trasladado recientemente a una cárcel en la que los internos gozan de salidas transitorias.

“Nos pagan de esta manera, cambiando de cárcel a los cobardes que mataron a Darío y a Maxi. Los pasan a un régimen abierto, que quiere decir que usan la cárcel para ir a dormir, durante el día no están. Fui a ver el lugar en el que está este sujeto Franchiotti, y la indignación, la bronca y la impotencia aumentan porque eso no es una cárcel: no hay muros, hay una tranquera para entrar, es un gran country. Así nos paga la Justicia. Nadie hace nada”, se quejó Alberto Santillán, el papá de Darío.

"Hace 10 años venimos señalando a los responsables políticos como Duhalde, Solá, Atanasoff, a los cuales la Justicia, que en este caso sería el juez Lijo, termina archivando la causa que nosotros veníamos pidiendo contra Duhalde”, añadió.

En lo personal, lo embarga “el orgullo de ser el padre de Darío, ver que por todo aquello que luchaba hoy se multiplica”. Ese es el mejor legado que Dari pudo habernos dejado, el ejemplo de su lucha. El ejemplo de cómo llevar hasta última instancia lo que él pregonaba en su corta pero intensa vida”.