Guillemo Moreno se fue de la Argentina con su nuevo cargo de agregado económico de la embajada en Italia pero los problemas judiciales para él siguen. El fiscal federal Ramiro González presentó hace instantes un pedido para que vaya a juicio oral y público por el delito de abuso de autoridad a raíz que impuso una multa a la consultora económica Finsoport, propiedad de Jorge Todesca, por haber difundido los índices de inflación diferentes a los que emite el Indec.

Es una causa que avanzó a paso acelerado este año en donde Moreno fue procesado por el juez federal Claudio Bonadío, quien ahora será el que defina si clausura la instrucción y remite la causa a juicio, y luego con la confirmación de la Sala II de la Cámara Federal.

Según surge del expediente judicial, Moreno y otros dos entonces funcionarios de Comercio (Adalberto Rotella y Fernando Carro) abusaron en la sustanciación de un sumario administrativo hacia la consultora y lo mismo al imponerle una multa "con el objetivo de que cesara de publicar o facilitar índices y estimaciones de precios".

La Cámara Federal, al confirmar el procesamiento, consideró "arbitraria" la multa de 500.000 pesos que Moreno había impuesto en 2011 a Finsoport. En ese sentido, del expediente administrativo del caso, entre otras irregularidades que señalaron, está que algunos escritos enviados desde la secretaría a la consultora no fueron agregados al mismo, o bien no se cumplieron con determinados plazos del proceso.

La solicitud hecha por el fiscal fue en respuesta a que Bonadío "corrió vista", esto es, pidió opinión sobre si corresponde ya elevar la causa a juicio. Luego hará lo propio para con la defensa del ex secretario.

"Se les imputa a los nombrados el haberse atribuido una competencia no asignada por la ley para dictar órdenes o resoluciones en perjuicio de Finsoport SA por motivaciones distintas a las alegadas, con conocimiento y voluntad de actuar de esa manera", dijo el fiscal González en su requerimiento de juicio al que accedió Infobae.

El fiscal sostuvo que cometieron abuso de autoridad primero "al dictar la intimación contra la consultora Finsoport y luego la resolución 116/11 de la Dirección nacional de Comercio Interior que multaba con 500.000 pesos a dicha firma".

El representante del Ministerio Público reconoció llamarle la atención "la rapidez" con la cual se hizo el proceso -un mes y medio- pero luego para conceder un recurso a ésta se demoró cinco meses. Sumado a ello, advirtió que la actividad de las consultoras, como Finsoport SA, "no se encuentran reguladas por la ley 22.802 a través de la cual se aplicó la multa".

"Se ejerció un poder que se sabe era ilegal sobre las consultoras y además se afirmaron hechos o circunstancias que eran simuladas como condición para dictar el acto de autoridad", concluyó el fiscal.

En tanto, el fiscal refutó como dijeron los acusados que se trató de un procedimiento habitual el haber impuesto esa multa a la consultora. En ese sentido, remarcó que desde 2006 a 2013 la secretaría de Comercio Interior sólo aplicó una multa, y que no es comparable con la que se analiza en la causa.

Ante todo ello el fiscal pidió a Bonadío elevar a juicio a Moreno, Rotella y Carro, en tanto que reclamó se investigue a Rodolfo Fabián Zeta, presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires (Comafru).