Nuestro país fue mencionado dos veces en el Congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI), reunido en la ciudad de Melbourne, Australia. La primera fue cuando los representantes de las centrales obreras de todo el mundo reivindicaron la figura de Hebe de Bonafini como “símbolo de la lucha antifascista, contra la dictadura y por los derechos humanos”. La segunda fue para aprobar de forma unánime el repudio al fallo judicial que condena a Nilda Garré a pagar 21 millones de pesos por negarse a reprimir una protesta gremial de trabajadores del Grupo Clarín. Este hecho, casi ignorado en Argentina salvo por algún artículo celebratorio del medio favorecido por los jueces, no pasó desapercibido en cambio para los referentes de sindicalismo mundial que entienden, razonablemente, que este tipo de fallos buscan amedrentar a los funcionarios públicos que no son permeables a las presiones empresariales.

Para comprender lo escandaloso del fallo hay que remontarse a septiembre de 2004, cuando la empresa Artes Gráficas Rioplatense, subsidiaria del Grupo Clarín, despidió a 119 trabajadores, entre ellos toda la Comisión Interna. Desde un primer momento la compañía intentó ocultar que se trataba de un conflicto gremial y buscó judicializar el reclamo laboral. Inclusive, el sitio chequeado.com, insospechado de vínculos con la parte sindical o con el gobierno de aquel entonces presidido por Cristina Fernández de Kirchner, le puso el rótulo de FALSO al título de Clarín que afirmaba “No hay conflictos gremiales en la imprenta”. En el racconto de hechos publicados por esa web de noticias se consignan: la absolución de los trabajadores en el juicio oral en 2008, la elusión por parte de la empresa del cumplimiento de fallos laborales que ordenaron la reinstalación de los delegados en sus puestos de trabajo, la multa dispuesta contra ella por impedir la realización de una asamblea y obstaculizar la elección de la comisión de delegados y la negativa a reincorporar a los despedidos. Los reclamos de la huelga que bloqueó la salida del diario Clarín el día domingo 27 de marzo de 2011 eran, entre otros, la denuncia de persecución gremial, el no reconocimiento de los haberes adeudados y el pago de horas extras, y la presencia de personal de seguridad para obstruir la actividad gremial.

Cuando el Grupo de Héctor Magnetto logró que un sector del poder judicial dictara una cautelar para que el Ministerio de Seguridad reprimiera a los trabajadores en huelga, la titular de la cartera, Nilda Garré consultó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada quien ratificó la existencia del conflicto gremial y la vía de resolución en el marco del diálogo. “Lo que no hay que hacer es confundir deliberadamente un conflicto laboral con un supuesto ataque a la libertad de prensa», consideró Tomada el lunes 28 de marzo de ese mismo año.

No está de más aclarar que en la legalidad argentina sólo existen restricciones al derecho de huelga en el caso de los servicios esenciales para la comunidad (los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control de tráfico aéreo).

De manera tal que la represalia contra Garré busca disciplinar a futuros funcionarios para que, en lugar de resolver los problemas laborales por la vía del diálogo y la negociación utilicen el garrote so pena de sufrir consecuencias sobre su propio patrimonio. Magnetto colonizó gran parte del Poder Judicial al que su propio medio llama sistemática “la justicia”, un valor abstracto al que intenta mimetizar con personajes absolutamente parciales que hacen del gran empresariado el juez y la parte de cada conflicto de intereses. La prueba más flagrante es la coronación del oligopolio comunicacional que, merced al gobierno de los ricos para los ricos, puso a su propio abogado como juez de la Corte Suprema.

Tomando el ejemplo de la iniciativa de la CSI impulsada por los representantes sindicales argentinos tanto de la CGT como de la CTA, el fallo del aparato judicial a medida de los intereses del Grupo Clarín debería ser denunciado como un ataque no sólo al movimiento obrero sino también a un principio elemental del estado de derecho como es el de la resolución pacífica de los conflictos que se dan en el marco de la ley.

 

* Secretario general de CTA y diputado nacional del Frente de Todos.