Qué esconde el proyecto de ley tendiente a erradicar el delito de las villas y asentamientos porteños.
Una cuestión de fotos. Tal vez para contrarrestar la de Mauricio Macri con Facundo Moyano, el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, posó en otra con el macrista Cristián Ritondo, a sabiendas de las especulaciones y habladurías que tal cónclave generaría en la prensa. La excusa: presentar en sociedad un proyecto de ley tendiente a erradicar el delito de las villas y asentamientos porteños. A tal efecto, su autor, el ex legislador kirchnerista Diego Kravetz, fue el tercer cateto del encuentro. Lo que se dice, un canto a la unidad nacional y, además, una inmejorable ocasión para reparar en las acrobacias ideológicas de la "nueva política".
Ante todo, esta historia contiene el milagro de la resurrección: desde fines de 2011 –tras concluir su mandato parlamentario–, Kravetz parecía tragado por la tierra. Lo último que se supo de él fue su intención de volcarse hacia la actividad privada.
Diez años antes, su nombre había comenzado a circular en su carácter de referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Y, en 2003, fue convocado para encabezar la lista de candidatos a la Legislatura porteña del Partido de la Revolución Democrática –liderado por Miguel Bonasso–, que impulsó la reelección de Aníbal Ibarra en la jefatura de la Ciudad. En resumidas cuentas, Kravetz coordinó la construcción local del Frente para la Victoria (FPV), de cuyo bloque fue jefe hasta 2009. Dos años antes había revalidado su escaño para convertirse en uno de los más tajantes opositores de Macri, convertido ya en jefe de Gobierno.
Cabe destacar que sus críticas hacia él estuvieron centradas en su política de seguridad. De hecho, Kravetz fue uno de los legisladores que bregaron por la renuncia del polémico primer jefe de la Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, además de cuestionar la calaña de su cúpula –integrada con altos oficiales de la Federal echados en 2004 por denuncias de corrupción– y la finalidad represiva de sus funciones. También solía arrinconar al ministro del área, Guillermo Montenegro, debido al cúmulo de irregularidades en las licitaciones para equipar la fuerza. Y supo endurecer su posición al estallar el affaire del espionaje telefónico ejecutado por Ciro James. Kravetz sería una voz destacada en la Comisión Investigadora formada al respecto.
En este punto, cabe preguntarse si, en la actualidad, la Mazorca de Macri dejó atrás sus defectos de fábrica o si, por el contrario, el razonamiento de Kravetz sufrió una extraña mutación. Tal interrogante tiene su razón de ser: su proyecto de pacificar los arrabales de la Ciudad consiste en la ocupación de tales espacios por parte de un cuerpo policial militarizado, para que –tras la expulsión de los narcos– ingresen trabajadores sociales y se urbanice la zona. Todo muy sencillo. Lo notable es que la fuerza propuesta por él para semejante misión sea justamente la Metropolitana.
De hecho, a horas de lanzar su iniciativa, se dictó el procesamiento de su segundo jefe en la escala jerárquica –el superintendente Miguel Ciancio–, cinco comisionados y otros 19 oficiales. Todos ellos están acusados de dos homicidios ocurridos en diciembre de 2010, durante el desalojo del Parque Indoamericano.
Más allá de ese pequeño detalle, Kravetz se ufana una y otra vez con que su idea está inspirada en las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) que actúan en Río de Janeiro. "Esta experiencia se viene llevando a cabo allí con excelentes resultados desde el 2008", aseguró Kravetz, entre gestos aprobadores de Ritondo y Massa.
En realidad, el asunto fue puesto en práctica dos años después de la época señalada por el ex legislador. Y, por cierto, sus "excelentes resultados" no están aún a la vista.
De hecho, también a horas de lanzar su iniciativa, los habitantes de la favela carioca Pavao Pavaoncinho desataron su furia contra los efectivos de las UPP luego de que cinco uniformados asesinaran a un albañil. Claro que no se trata del primer asesinato perpetrado por tales tropas de ocupación, a las que se pretende presentar como la avanzada de la presencia del Estado en territorios hasta entonces gobernados por la mafia.
Sin embargo, las disfunciones que traen aparejadas las UPP son mucho más complejas. De hecho, para el millón y medio de personas que viven en las 1000 favelas de Río, la disminución del poder territorial de los narcos a raíz de la llegada de las "fuerzas legales" ha derivado en la aparición de las llamadas "milicias" –grupos integrados por policías, militares y hasta bomberos– y los escuadrones de exterminio.
Las "milicias" recaudan con la venta de servicios a la comunidad y controlando transacciones comerciales, además de monopolizar la distribución de agua y gas, la circulación de transporte clandestino, Internet, la televisión por cable y las transacciones inmobiliarias del vecindario. A su vez, los policías que forman los grupos de exterminio dominan el territorio ejecutando a "indeseables" y vendiendo sus servicios de "limpieza social" a comerciantes o líderes políticos. Aún así, los narcos conservan la exclusividad de sus negocios. Y, obviamente, parte de su poder. Una suerte de feudalismo marginal.
¿Es posible que Kravetz no haya considerado tales particularidades en el momento de idear sus UPP vernáculas? Tal vez sí. No obstante, llama la atención la existencia de una especie de festival de propuestas atroces para combatir la inseguridad; entre las más descabelladas: el proyecto de ley para el derribo de presuntos narcoaviones –del ex diputado Julián Obiglio– o la restauración del Servicio Militar Obligatorio –compartido por el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, y el ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii–, entre otros. Quizás ello forme parte de una desaforada carrera por captar a los sectores más cavernícolas del electorado. Una carrera en la cual Kravetz –presentado ahora como el "armador" porteño del massismo– se perfila como uno de sus competidores.
