Esta mañana la Municipalidad de Tres de Febrero debió ser evacuada, producto de una nueva amenaza de bomba sufrida. Se trata de la sexta sufrida desde diciembre de 2015, momento en el que asumió Diego Valenzuela como intendente.

Esto se da en el contexto de las múltiples amenazas de bomba que tienen como objetivo instituciones educativas. Según el ejecutivo municipal, durante el último mes se registraron 126 denuncias de bomba en escuelas públicas y 40 en escuelas privadas. Esto hizo que jefes comunales del oeste del conurbano, de diferentes fuerzas políticas, comenzasen a articular medidas con el Poder Judicial.

Lo acontecido hoy en el palacio municipal se dio en momentos en que Valenzuela mantenía una reunión con el periodismo, estando presente La Noticia Web. El encuentro debió interrumpirse, debiendo trasladarse los cronistas y el intendente a otro sitio.

Luego de esto, se conoció un comunicado del intendente refiriéndose a lo sucedido. “Las constantes amenazas de bomba que interrumpen a diario las clases en escuelas de Tres de Febrero, y que hoy al mediodía suspendieron también las actividades en la Municipalidad, son hechos de violencia y como tales los estamos tratando desde el Estado municipal”, comenzó diciendo.

“En coordinación con el fiscal de San Martín estamos trabajando para encontrar a los responsables. Quizás sean estudiantes, jóvenes que crecieron en el país de la viveza criolla y creen que es gracioso o pícaro. No es gracioso malgastar los recursos públicos”, agregó, para no descartar luego la existencia de estímulos desde “la vieja política” para realizar estas amenazas.

Con respecto a las amenazas a escuelas, detalló que las investigaciones “llevaron a la identificación de 18 estudiantes, todos menores de edad y por lo tanto inimputables ante la Justicia. Es responsabilidad del Estado buscar a los responsables siempre que hay un hecho de violencia y una alteración del orden público”.

Por esa razón, y frente a la imposibilidad de juzgar penalmente a los imputados, el Municipio inició una demanda civil a los responsables de los menores “para que respondan económicamente por las pérdidas que las acciones de sus hijos o hijas ocasionan a la comunidad”.

“Siempre hay un responsable de un caso de violencia. La realidad no se cambia de un día para otro. Reconocemos lo que está pasando y cuán difícil es abordarlo, pero no miramos para otro lado y nos ocupamos”, cierra Valenzuela.