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Tras el aval judicial, el Gobierno puso en marcha el registro de peones
Nacional

Oscar Maffe, el delegado normalizador del Ministerio de Trabajo, ingresó al ex RENATRE y puso en funcionamiento el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Tiene un mes para elaborar un informe. El viernes pasado, la Sala de Feria de la Cámara de Seguridad aceptó el recurso de queja del Ejecutivo y le quitó el control a Gerónimo Venegas. Espera de la resolución judicial.

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25 enero, 2012 0

El gobierno nacional concretó la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). El delegado normalizador del Ministerio de Trabajo, Oscar Marcelo Maffe, se hizo presente en el edificio del ex RENATRE junto con el oficial de Justicia designado por la jueza actuante y dio comienzo a la tarea del Comité Auditor, que tendrá 30 días para elaborar un informe sobre la situación patrimonial, económica y financiera.

Después de confirmar que la justicia destrabó la nueva Ley de Trabajo Rural, Maffe comenzó a planear los pasos a seguir por la auditoría oficial junto al síndico general de la Nación, Daniel Reposo, en la sede del organismo ubicado en la calle San Martín al 500. Cabe recordar que el 6 de enero, Maffe se había presentado junto al escribano general del Gobierno y otros funcionarios del Ministerio de Trabajo, pero les impidieron el acceso

Un grupo de personas con gorras blancas de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), gremio que encabeza el duhaldista Gerónimo “Momo” Venegas, realizó un piquete en la puerta del edificio en signo de protesta por la disolución del RENATRE. “Existen tres medidas cautelares que están vigentes, no sabemos por qué comenzaron a intervenir”, esgrimían los sindicalistas sin tener en cuenta que la Justicia decidió que las cautelares no tendrán validez hasta tanto se expida la Cámara de Seguridad Social.

La estrategia del grupo que hasta el lunes controlaba el registro de peones rurales es presentar la modificación del organismo como una intervención ilegal y autoritaria.

Frente a esto, el subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Álvaro Ruiz, dijo que “aunque tienen derecho a protestar, ya que no se puede conformar a todos con una norma, no hay lugar para considerar que la constitución del RENATEA es ilegítima”. “Todo lo actuado responde al mandato de una ley del Congreso Nacional votada casi por unanimidad y enviada por una Presidenta que obtuvo el 54% de los sufragios hace menos de tres meses”.

Ruiz también refutó el argumento que sostiene que el gobierno intenta “confiscar el dinero de los trabajadores”, y subrayó que los recursos del organismo corresponden a aportes patronales que deberían usarse para el beneficio de los peones rurales, cuestión que se violó a lo largo de los diez años de existencia del RENATRE.

Además, señaló que la creación del organismo fue uno de los últimos actos del gobierno de Carlos Menem para disminuir las funciones del Estado, pero que todas las atribuciones corresponden a una administración estatal. “No se cambian las tareas ni los objetivos, sino que estos pasan a la órbita del Estado para que comiencen a cumplirse en línea con la restitución de derechos que lleva a cabo el gobierno desde 2003”, apuntó.

Como primera medida administrativa, Maffe dictó un asueto de cinco días para el personal que se desempeña en el organismo que hasta principios de este año llevaba adelante cuatro representantes de UATRE y cuatro de las entidades rurales (Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro). El Comité Auditor evaluará la situación de cada trabajador, pero asegurará “la continuidad laboral del personal no jerárquico”.

Desde el Ministerio de Trabajo le adelantaron a Tiempo que el nuevo organismo estatal incluirá a las entidades patronales y a los representantes sindicales a través de un consejo consultivo asesor. “Van a tener participación, pero no va a ser de un club de la Mesa de Enlace y la UATRE como ocurrió en los últimos años”, apuntaron.

También va a existir cooperación de los ministerios de Agricultura y Ciencia y Tecnología, y de organizaciones sociales comprometidas con la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores del campo.


Fuente: Tiempo Argentino
 

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