Por Sabrina Fernández

¿Qué objetivos debe perseguir el sistema penal? En teoría, castigo por un delito cometido, la preservación del resto de la sociedad y la rehabilitación del infractor, cuánto más si se trata de personas que aún no han cumplido siquiera la mayoría de edad y no han completado su formación. Sin embargo, pareciera que en los institutos de menores y centros cerrados prevalece únicamente el primero y poco importa la recuperación de los jóvenes que pasan sus días en condiciones infrahumanas, sometidos a sistemáticas prácticas de tortura física y psicológica, con escasas posibilidades de rehabilitación.

Al respecto, Laura Böhm, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), sostuvo: “Hoy la cárcel no es más que castigo, porque prácticamente no hay medidas que puedan ser catalogadas de ‘resocializadoras’. Es claro que un adolescente, por más terrible que sea el delito que cometió, no puede ser encerrado con el mero fin de que se le retribuya el mal que causó”.

Actualmente, los jóvenes que han sido privados de su libertad casi no tienen garantías. Hacinados en las instituciones, duermen en colchones tirados en el suelo, tienen un mínimo acceso a la educación y a la salud, no practican actividades recreativas ni talleres y cumplen un régimen de aislamiento de entre 24 y 36 horas; todas experiencias que, a la larga, se traducen en autoagresiones e intentos de suicidios que son tan comunes como la falta atención por parte de las autoridades. Al respecto, según datos de la Asesoría Pericial del Poder Judicial, de cien jóvenes evaluados, el 70 por ciento tuvo intentos de suicidios y un 100 por ciento se autolesionó en algún momento de su detención. De hecho, en 2008 murieron cuatro jóvenes por presuntos suicidios en los distintos centros de la provincia de Buenos Aire.

Y como si fuera poco, una encuesta realizada el año pasado por el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires indica que, sobre un total de 79 jóvenes encuestados, un 32 por ciento denunció haber sido agredido por el personal a cargo de su cuidado.

Por eso, LaNoticiaWeb entrevistó a la doctora Alicia Romero, del Comité contra la Tortura, que depende de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Romero habló de las distintas prácticas de tortura, de cómo funcionan los centros cerrados y de la actitud de las autoridades.

¿En qué consisten las torturas psicológicas a las que son sometidas los chicos?

La tortura psicológica está dada por el régimen al que están sometidos, que atenta contra la posibilidad de elección y eso lleva a la anulación de la personalidad. No hay ningún tipo de tratamiento que responsabilice a los chicos y tampoco reciben atención psicológica. Es muy común ver autoagresiones: cortes en los brazos y en las piernas, que son un llamado de atención por el abandono en el que se encuentran. Los chicos comen bien, pero las condiciones son pésimas en lo que se refiere a la atención de salud, sus problemas cotidianos; ellos no conocen bien su estado procesal ni a su defensor ni a sus jueces. Además, no tienen actividades escolares. La educación secundaria está más institucionalizada y es un poco más similar a la de afuera que la primaria, que es de una hora u hora y media por semana, en algunos casos, o de tres en otros, justamente cuando la mayoría de los chicos están en la primaria de adultos.

¿Y qué hacen el resto del tiempo libre?

No hacen absolutamente nada. Salvo una recreación de vez en cuando, que consiste en mirar televisión en un comedor. Al patio salen una hora, día por medio. Hemos calculado que pasan alrededor de 20 horas de encierro, salvo en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora que pasan 36.

Ustedes denunciaron torturas físicas en el de Lomas el año pasado. ¿Son habituales este tipo de agresiones?

La tortura física no es tan común en todos, sino en algunos como en Lomas. Y en el de Almafuerte y La Plata se dan casos, con menor intensidad, pero no tan cotidianamente.

¿En qué consisten?

Las torturas consisten en golpes, a veces muy salvajes, entre varias personas, patadas, trompadas. Los cuelgan esposados de las rejas. A veces quedan con los pies apoyados en el piso durante varias horas, otras no. A veces son esposados con la pierna levantada a una muñeca para que los golpeen y no se puedan defender.

¿Cómo llegan a tener conocimiento de estos hechos?

Es muy difícil que los chicos puedan denunciar telefónicamente, porque sólo pueden hablar una vez por semana diez minutos con las familias, a través de un teléfono de la institución. El número es marcado por un asistente de minoridad, que se queda escuchando la conversación entera. La única libertad que poseen es para hablar con su defensor, otro día de la semana. Con nosotros no tienen libertad, así que las denuncias las hacen los familiares o nosotros cuando visitamos esos lugares. Enseguida, hacemos intervenir a la fiscalía de adultos e inmediatamente informamos a la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio Desarrollo Social.

¿Las autoridades del centro reciben alguna capacitación especial?

Son personas comunes y corrientes, que pertenecen a la ley 10.430 de la provincia de Buenos Aires, que rige para todos los empleados públicos que no son docentes. No son ni policías ni personal de seguridad. Y además son personas que no reciben una capacitación y sólo reciben datos del director o de los asistentes de minoridad más viejos, que les dan algunas pautas.

Ustedes denunciaron que los sectores que más sufren la persecución policial son los jóvenes entre 14 y 25 años...

Eso es recurrente y generalizado, sobre todo en el conurbano. La Policía no puede detenerlos ni golpearlos ni nada de lo que están haciendo actualmente. La Policía, en este momento, está violando la ley 13.298, de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños de la provincia de Buenos Aires, de 2005. Hay una prohibición expresa de que los chicos y adolescentes sean alojados en comisarías y, sin embargo, el cien por ciento pasa por allí y son dejados más de 12 horas en el calabozo. La Policía dice que los tienen en un móvil hasta que haya lugar en un centro de recepción, pero eso es mentira.

En virtud de la ley 13.298 se deberían haber creado la figura del defensor de los derechos del niño y el observatorio social, que aún no existen. ¿Qué beneficios traerían?

Es una locura que todavía no se hayan implementado. El observatorio estaría integrado por organizaciones sociales, al Iglesia, universidades y el colegio de profesionales, y permitiría controlar los programas y proyectos respecto de niños y hacer las críticas necesarias, mientras que el defensor del niño estaría a cargo de controlar las condiciones de detención de todos los centros y también evaluar los programas para niños en situación de vulnerabilidad.