El principal objetivo de la reforma es evitar que estos delitos queden impunes por encontrarse la acción penal prescripta en el momento en que se solicita la tutela judicial, más aún cuando muchos casos se llevan a cabo dentro de instituciones y por personas que, estando habilitadas para sus funciones de educación o guarda, someten y abusan sistemáticamente de niños y niñas.

La diputada nacional Teresa Garcia "Buscamos proteger el derecho de niños que son sometidos a situaciones de abuso, y que en muchas ocasiones tienen la posibilidad de procesar personalmente esta situación y llegar a hacer una denuncia, siendo mayores, años después de cuando los hechos sucedieron. Muchos de estos delitos quedaban impunes, y la imposibilidad de hacer justicia era una nuevo golpe para la víctima. la modificación del código protege el derecho de los niños a hacer justica frente a estos delitos aberrantes. En estos casos como en muchos otros, el hacer justicia habilita un proceso sanador frente a situaciones muy dolorosas que pueden afectar toda la vida de una persona".

La ley se fundamenta en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en numerosos precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que asimilan estos delitos al de la tortura, por las consecuencias sumamente destructivas que generan para la estructuración de la personalidad de los niños y niñas, y los traumas irreparables que la mayoría de las veces generan, que conlleva al descubrimiento tardío y al silencio, imposibilitando la búsqueda de justicia, ya que la acción penal se encuentra prescripta.