El Gobierno profundizó el hermetismo sobre el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Tres integrantes del círculo presidencial aseguraron que desconocían los detalles del texto, o al menos intentaron transmitir esa idea. Las principales fuerzas de la oposición también afirmaron que no sabían si el entendimiento debía pasar por el Congreso, un punto que empezó a inquietar a gobernadores y legisladores de distintos espacios políticos.

Una voz del oficialismo sostuvo que la definición dependía de la estructura final del entendimiento. “Hay que ver cómo se compone el acuerdo. Por ahora creería que no debería pasar por el Congreso, pero sabemos que va a haber presión de ciertos rubros empresarios para generar fricción en las negociaciones”, indicó una fuente cercana a la Casa Rosada. Otro dirigente libertario completó el cuadro sin matices: “Esto lo saben Javier Milei, su equipo más íntimo, la cúpula del Ministerio de Economía y la Cancillería; y no lo van a revelar”.

El Gobierno inició su ofensiva política para asegurar el Presupuesto 2026 y avanzar con las reformas que la administración de Javier Milei consideró claves para la segunda etapa de su gestión. Dirigentes del oficialismo evaluaron que tenían el escenario a favor. Aun así, admitieron que el panorama se volvería más complejo si el paquete de leyes sumaba nuevos capítulos.

La inquietud por el acuerdo con los Estados Unidos se extendió entre gobernadores y referentes parlamentarios. Una figura técnica de Diputados planteó la principal dificultad: “Para resolver si tiene que pasar para el Congreso deberíamos ver la letra chica, y eso nadie lo tiene”.

La Casa Blanca informó que el pacto, llamado Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión, estableció reglas comunes para inversiones, innovación y comercio. También incluyó reducción de tarifas, alineamiento de estándares y protección reforzada de la propiedad intelectual, puntos que generaron alarma en sectores que temen cambios en leyes argentinas.

La presidencia tomó contacto con veinte gobernadores y definió un grupo reducido como prioridad para la negociación política. Entre ellos ubicó a Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro y Neuquén. Varios mandatarios pidieron información precisa debido al impacto que ciertos rubros podrían tener en sus economías locales. Desde una de las provincias más pobladas afirmaron: “Es difícil opinar sobre algo cuando no están los detalles”. Respuestas similares surgieron en otras diez jurisdicciones.

En sectores alineados con el Gobierno apareció una postura más favorable. Desde la Región Cuyo señalaron que su mirada era positiva en términos generales. “En líneas generales somos favorables a los acuerdos de libre comercio. Todo acuerdo que mejore la fluidez del comercio, que abra barreras, que nos acerque a centros de consumidores tan grandes, a nosotros nos sirve”, remarcaron.

La información preliminar indica que el entendimiento favorecería al complejo cárnico, a los recursos naturales y a la industria farmacéutica. En cambio, automotrices y Pymes quedarían expuestas, un dato que encendió alarmas en los grandes centros urbanos por un posible efecto sobre el empleo.

Ese riesgo llevó al Gobierno a acelerar la reforma laboral. La Casa Rosada ubicó a Patricia Bullrich como articuladora de la estrategia en el Senado, donde el debate comenzará luego de la renovación legislativa.

La oposición más técnica puso el foco en la cuestión institucional. Un asesor parlamentario planteó que los compromisos con los Estados Unidos no podrían ejecutarse sin una modificación legal de fondo. “¿Puede Argentina alinearse en materia de propiedad intelectual y patentes sin cambiar leyes? No. No puede. Y patentes es sólo un ejemplo de una decena de arreglos legales que serían imprescindibles. Milei podría aprobar cambios por decreto, pero no daría confianza ni seguridad jurídica. Por eso no sería confiable eludir al Congreso”.

La Casa Rosada mantuvo el silencio mientras distintas áreas del Estado pedían definiciones. Entre las fuerzas políticas ya surgió una certeza: el acuerdo con los Estados Unidos se transformó en un punto de presión interna y externa que condicionará el tablero legislativo de los próximos meses.