En medio de una crisis desatada por el gremio de Camioneros, que dejó las calles de Buenos Aires llenas de basura, el gobierno de Jorge Macri decidió cancelar la licitación del sistema de grúas de acarreo iniciada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Macri declaró que el contrato era “insostenible”, señalando que la preadjudicación se realizó el mismo día de su asunción, sin una revisión adecuada de los términos.

Macri enfatizó que el acuerdo habría multiplicado por siete los costos de acarreo, además de comprometer al gobierno a pagar a las empresas incluso si no realizaban acarreos. Asimisml criticó la decisión de adjudicar el sistema a UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario, argumentando que la carga financiera para la ciudad era excesiva, implicando un gasto de 360 millones de dólares a lo largo de diez años.

Este movimiento generó una fuerte reacción dentro del PRO, reavivando tensiones entre Macri y Larreta. Desde el entorno de Larreta, se argumentó que Jorge Macri, quien fue un ministro clave durante la gestión anterior, nunca expresó preocupaciones sobre el tema en reuniones de gabinete. Sin embargo, Macri insistió en que había comunicado su preocupación a Larreta, quien le dio libertad para revisar el contrato, lo que ha resultado en una investigación interna sobre posibles irregularidades.

El conflicto con el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, agregó presión al gobierno porteño. El sindicato temía que la anulación del contrato resultara en la municipalización de los trabajadores del sistema de grúas. Sin embargo, se alcanzó un acuerdo para mantener a los empleados bajo el convenio actual en SBASE, lo que evitó una mayor escalada del conflicto.

La negociación con Camioneros fue liderada por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, quien logró reducir las tensiones y asegurar la estabilidad laboral de los empleados del sector. A pesar de las críticas, el gobierno de Macri se mostró decidido a garantizar que los derechos de los trabajadores no se vean afectados, manteniendo el diálogo abierto con el gremio.

El trasfondo del conflicto revela la complejidad de las relaciones entre el gobierno de la ciudad y los sindicatos. La decisión de Macri de anular la licitación se produjo después de que las negociaciones con las empresas adjudicatarias no lograran reducir los costos del servicio, lo que llevó al gobierno a buscar una solución más económica y sostenible.

En los próximos meses, el gobierno porteño planea analizar detenidamente el servicio de acarreo y no descarta la posibilidad de lanzar una nueva licitación. Esta vez, se espera que las condiciones sean más favorables para la ciudad, con contratos más cortos y menos onerosos, lo que podría provocar nuevas reacciones del Sindicato de Camioneros si sus empresas preferidas no resultan adjudicatarias.