El primer aborto no punible de la Ciudad fue suspendido hoy tras la presentación de un recurso judicial por parte de la organización católica Pro Vida, que se opone fervientemente a esta práctica, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia y la sanción, posteriormente vetada por el macrismo, de la ley que la regula.

En el día de hoy, en el Hospital Ramos Mejía de la Capital Federal, se llevaría a cabo la operación a una mujer de 32 años, cuyo caso pasó por todas las instancias legales y fue finalmente aprobado, ya que se trata de una víctima de violación y trata de personas, y se encuentra dentro de los plazos permitidos de gestación.

Sin embargo, Pedro Andereguen, abogado de la Asociación Pro Familia, señaló en la puerta de ese centro de salud que "no se va a realizar el aborto tras la notificación de la medida judicial".

Andereggen precisó al abandonar el Ramos Mejía que "fue notificada de la decisión judicial la Dirección del hospital y la paciente", al insistir que la realización de un aborto "es contraria a derecho".

"De acuerdo al derecho civil, ese niño por nacer es persona y tiene derecho a ser oído", puntualizó el letrado. En tanto, consideró que "no puede primar la voluntad de la madre de matar a su hijo" y añadió que desde la asociación que representa "sin perjuicio de la obligación del Estado, se compromete a brindarle a la madre y al niño toda la asistencia médica, psicológica y la ayuda para su inserción social".

La medida fue dictada por la jueza civil Myriam Rustán de Estrada, del juzgado civil número 106

El viernes pasado un juez del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, había rechazado un planteo similar de los mismos abogados, que ante esa resolución adversa recurrieron a un juzgado diferente para frenar la operación.

La jueza Rustán de Estrada hizo lugar a una medida cautelar de carácter urgente para impedir la intervención y luego remitió el expediente al juzgado en lo civil número 56, a cargo del juez Miguel Ricardo Guiraldes, quien este mediodía aún no había recibido el expediente, informaron fuentes judiciales.

El juez Guiraldes será el encargado de seguir tramitando la causa, en la que Pro Familia obtuvo la medida que obliga al Gobierno Porteño “abstenerse de realizar cualquier acto o maniobra tendiente a quitar la vida a un niño por nacer en la Ciudad de Buenos Aires y en cuya defensa e intereses ha promovido estas actuaciones”.

Esos mismos argumentos habían sido rechazados por el juez Scheibler y fueron apelados por los abogados de Pro Familia, ante la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

El fin de semana la asociación civil presentó la misma acción judicial ante otro fuero, el civil de la Capital Federal, en el que si obtuvo la prohibición de la interrupción del embarazo como medida cautelar. La justicia deberá resolver ahora el fondo de la cuestión.

El viernes pasado, el gobierno porteño anunció que vetará la ley sancionada por la Legislatura que regula los procedimientos para abortos no punibles por considerar que "excede" lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirmó que "queda vigente" la resolución del Ministerio de Salud de la Ciudad, firmada en septiembre.

Tras realizar esa notificación, la administración macrista anticipaba que hoy, martes 9 de octubre, se haría “el primer aborto legal en la ciudad de Buenos Aires”.

La ley vetada por el jefe de Gobierno porteño fue aprobada el 28 de septiembre por 30 votos a favor y 29 en contra, luego de la resolución firmada por el ex ministro de Salud Jorge Lemus, publicada el 6 de septiembre en el Boletín Oficial, que dispuso un límite de hasta 12 semanas de gestación para la práctica de los abortos previstos en el artículo 86, incisos 1 y 2 del Código Penal.