El juez Ariel Lijo sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y al ex jefe de Gabinete y actual titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, por inexistencia de delito. La causa se basaba en supuestas anomalías en el otorgamiento de un inmueble de la Aduana para fines educativos en Misiones.

Además, se había sumado a la causa una acusación, luego desestimada de “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”. El inicio se lo dio en 2018 la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) del macrismo, Laura Alonso.

En representación de la OA, Alonso cuestionó un convenio que en 2010 suscribieron el ex gobernador misionero Maurice Closs, Echegaray y el rector del Instituto de Estudios Superiores ‘Hernando Arias de Saavedra’, Alfredo Poenitz, mediante el cual se cedió por 99 años el inmueble donde funcionaba la Oficina de Secuestro y Ventas de la Aduana en Posadas.

Lijo aseguró que se determinó que la Administración Federal de Ingresos Públicos “se encontraba facultada para realizar dicho acto y que el mismo no generó un perjuicio económico para las arcas del Estado”.

Expresó que en este caso “se ha demostrado que la cesión que interesó a la entonces Presidente de la Nación fue realizada por el Administrador Federal en el marco de sus atribuciones y sin generar un prejuicio patrimonial ni funcional al Estado Nacional”.

Por otro lado, el juez porteño detalló que “debe tenerse en cuenta que la AFIP cedió el uso a una Universidad” y que “no solo el inmueble mejoró ediliciamente de manera notoria, sino que, además, brinda un servicio esencial como es la educación, cuyo acceso tiene raigambre constitucional y convencional”.