La disputa entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional por los fondos previsionales sumó este miércoles un nuevo capítulo. Tras la tercera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia, la gestión de Axel Kicillof confirmó que avanzará con una medida cautelar ante la falta de una propuesta de pago por parte de la Nación.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la demanda que la Provincia mantiene contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por recursos destinados al financiamiento de la caja jubilatoria bonaerense. Según la administración provincial, la deuda supera los $2,2 billones.

Al término de la audiencia, el gobernador sostuvo que los representantes nacionales no llevaron una alternativa para comenzar a resolver el conflicto. “El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos. En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”.

Kicillof explicó que la Corte había solicitado a la Nación una respuesta concreta luego de las reuniones previas. Sin embargo, indicó que los funcionarios nacionales volvieron a plantear la necesidad de profundizar el análisis técnico antes de presentar una oferta.

La decisión de acudir a una cautelar marcó el cierre de la etapa de negociación impulsada por el máximo tribunal y abrió una nueva instancia judicial para intentar recuperar los fondos reclamados.

Durante sus declaraciones, el mandatario bonaerense también cuestionó el trato que recibió la Provincia en comparación con otros distritos que alcanzaron acuerdos con la Casa Rosada por sus respectivas cajas previsionales.

“Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, remarcó.

La discusión involucra a las provincias que conservaron sus sistemas previsionales bajo administración propia y que reclaman compensaciones por parte de la ANSES. En los últimos meses, varios gobernadores firmaron convenios con el Gobierno nacional para regularizar transferencias pendientes. Entre ellos aparecen los mandatarios de Santa Fe, Corrientes, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Misiones.

En ese contexto, Buenos Aires continúa sin un entendimiento con la Nación. Kicillof sostuvo que el perjuicio económico excede ampliamente el reclamo previsional y alcanza otras áreas afectadas por recortes y transferencias interrumpidas.

“En nuestro caso, la deuda de la Nación asciende a más de $22 billones, entre lo que han dejado de transferir y la pérdida de recaudación. No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”.

La administración bonaerense considera que la falta de esos recursos impacta de manera directa sobre las cuentas provinciales y sobre el financiamiento de prestaciones destinadas a jubilados y pensionados.

De la audiencia participaron junto al gobernador el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; y el jefe de Gabinete de la cartera económica bonaerense, Facundo Bocco Proietti. Por parte del Gobierno nacional asistieron funcionarios del área de Hacienda y de la Secretaría de Provincias.

Con el fracaso de la instancia conciliatoria, el conflicto quedó ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá evaluar los próximos pasos del reclamo impulsado por la provincia de Buenos Aires.