«Crean un Gran Hermano bajo el control de Bullrich», advirtió Myriam Bregman, quien dio detalles de las leyes en sus redes sociales. La mismas le dan superpoderes a la Ministra y modifican las leyes de legitima defensa, de resistencia a la autoridad policial y de base de datos genética.
La Diputada Nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, Myriam Bregman, advirtió en sus redes sociales sobre cuatro peligros «que están pasando desapercibidos» por la Cámara de Diputados de la Nación.
La legisladora se refiere a cuatro proyectos de Ley ingresados por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ya están siendo tratados en Comisión. Bregman advierte que los diputados, eclipsados por la Ley Bases y otros tema de agenda, no tienen en cuenta la relevancia de este proyecto.
Bregman denuncia que detrás de estas cuatro leyes a tratar están los abogados Soto (de Chocobar) y Manfroni (amigo de Victoria Villarruel). El trabajo en conjunto entre estos nombres nos hace suponer que las distancias que tenían la Vicepresidenta y la Ministra, luego de que esta ultima le arrebatara a la primera las carteras de Seguridad y de Defensa, ya fueron sanadas y trabajan en conjunto.
Según Bregman, especialistas legales que expusieron en la comisión de Legislación Penal el miércoles pasado, luego de que ingresaran las leyes, aseguran que las mismas crean «un Gran Hermano bajo el control de Bullrich».
– La primera es la Ley Antimafias, que propone ejecutar una «zona sujeta a investigación especial» en determinados lugares que Bullrich considere peligrosos. Allí, la Ministra tendría facultad de hacer cualquier cosa.
– La segunda es la modificación de la Ley de Datos Genéticos, para que se pase a tener los registro sanguíneos de cada ACUSADO de un crimen en el país, cuando actualmente solo se aplica a los condenados.
– Otro de los proyectos «amplia» el supuesto de legitima defensa y prohíbe las querellas familiares en casos de este estilo, un factor que ha sido fundamental en casos de Gatillo Fácil.
– Además, se propone aumentar a 6 años la pena del delito catalogado como «atentado y resistencia a la autoridad», muy común como excusa para detener manifestantes en marchas o para que la policía arreste preventivamente a quien se le de la gana.
