El oficialismo endureció su discurso tras los audios que revelaron presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Javier Milei anunció que llevará a Diego Spagnuolo a la Justicia y Guillermo Francos afirmó que el Presidente “no debió haber confiado” en él. La auditoría oficial confirmó sobreprecios en medicamentos.
El Gobierno nacional intentó contener el impacto político de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El presidente Javier Milei rompió el silencio después de una semana y cargó contra el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, a quien acusó de mentir. “Lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, expresó el mandatario durante una recorrida en Lomas de Zamora.
La estrategia de la Casa Rosada se centró en desligar a Milei del exfuncionario, que fue su abogado personal y participó en múltiples encuentros en la Quinta de Olivos. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, reforzó esa postura en una entrevista radial. “Si el Presidente confiaba en esa persona, no debió haber confiado”, señaló, y añadió: “Yo lo conozco a Milei desde hace años, no hay una persona a la que le interese menos el dinero que al Presidente”.
Francos sostuvo que el líder libertario es “una persona absolutamente honesta y transparente” y remarcó que la responsabilidad recae sobre Spagnuolo: “Claramente Spagnuolo no lo era”. Para el jefe de Gabinete, los audios revelan que el exdirector “omitió su obligación de denunciar un hecho delictivo”.
En paralelo, el Gobierno difundió los primeros resultados de la auditoría que dispuso la intervención de la ANDIS. El informe estableció que los medicamentos adquiridos por el organismo se pagaron en promedio un 30% más caros que los mismos productos comprados por el Ministerio de Salud. Uno de los casos analizados mostró que el programa Incluir Salud pagó por el fármaco PEG Asparaginasa un 27% más que lo abonado por la cartera sanitaria.
La investigación apuntó además a la droguería Suizo Argentina, que multiplicó por más de 25 su facturación con el Estado en el último año, con contratos que alcanzaron los 108.299 millones de pesos en 2025. Gran parte de ese monto provino de una contratación directa del Ministerio de Salud, aunque también se registraron convenios con Defensa y Seguridad.
El escándalo creció con la aparición de nuevos audios de Spagnuolo difundidos en las últimas horas. En uno de ellos relató cómo se repartían los contratos entre las droguerías y aseguró que Suizo Argentina pasó de controlar 30 a 60 unidades de negocio en el esquema de compras. “Vos sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Hoy la Suizo vende 60 y ustedes venden 10, 10 y 20”, explicó en la grabación.
Dentro del Gobierno reconocieron que todavía no definieron qué figura legal utilizarán para avanzar contra el exfuncionario, aunque ratificaron que la denuncia se concretará una vez que se junten más pruebas. Una fuente de la Casa Rosada indicó que “todavía se está analizando qué elementos tenemos” y admitió que las pruebas sobre los sobreprecios “no son lo suficientemente contundentes”.
El oficialismo intentó también blindar a los dirigentes mencionados en los audios. Francos aseguró que Eduardo “Lule” Menem es “una persona irreprochable” y destacó la confianza en Karina Milei, a la que calificó como “una funcionaria de absoluta confianza”. Al mismo tiempo, denunció que la filtración de los audios formó parte de “una operación armada por el kirchnerismo” en plena campaña electoral.
Mientras tanto, la Justicia federal avanza con la investigación a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. El futuro judicial de Spagnuolo se definirá en ese expediente, aunque el Gobierno busca acelerar su propia presentación. En la Casa Rosada consideran clave despegar la figura presidencial del exdirector de la ANDIS y contener el costo político del caso.
