Los gobernadores que optaron por negociar con la Casa Rosada con la esperanza de garantizar un financiamiento mínimo en el presupuesto 2025 enfrentan ahora un panorama desalentador: sin ley presupuestaria, sin negociaciones claras y sin garantías concretas. Ante esta situación, deben tomar una decisión difícil: respaldar el proyecto de Javier Milei, que incluye la controvertida cláusula de déficit cero y carece de las asignaciones necesarias, o rechazarlo, lo que habilitaría al Ejecutivo a manejar los recursos mediante decretos durante otro año.

El punto central del conflicto radica en el primer artículo del proyecto, que condiciona todas las partidas presupuestarias, excepto las destinadas al pago de la deuda externa, a los ingresos por recaudación. Es decir, si los ingresos son menores, el gasto también se reducirá. En última instancia, será el presidente quien determine qué áreas sufrirán recortes, dejando cualquier gasto presupuestado sujeto a modificaciones bajo el argumento de la falta de fondos.

La decisión del oficialismo de cancelar de forma abrupta la reunión de comisión donde se esperaba avanzar hacia un dictamen generó alarma en la oposición. Según algunos legisladores, esto reforzó la idea de que ni Milei ni Santiago Caputo muestran interés real en que el presupuesto sea aprobado. Además, la ausencia de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, en las negociaciones fue interpretada como una señal de que nunca existió la intención de alcanzar acuerdos concretos.

No hay negociaciones activas, y, en realidad, nunca las hubo. Aunque el gobierno simuló mantenerlas para ganar tiempo, y los gobernadores jugaron el mismo juego para evitar el costo político y financiero de enfrentarse a Javier Milei. Restan apenas diez días para que finalicen las sesiones ordinarias y, de momento, no está en agenda convocar a sesiones extraordinarias, lo que podría dejar al Congreso sin actividad hasta marzo.

En este contexto, los gobernadores evalúan la posibilidad de impulsar un dictamen de minoría que contemple sus principales demandas al Ejecutivo: financiamiento para obra pública, aportes del tesoro, un incremento de la masa coparticipable a través del impuesto a los combustibles y recursos para las cajas previsionales. Por su parte, Unión por la Patria prepara su propio dictamen, que suma financiamiento para universidades públicas, el sistema científico y los hospitales.

El fracaso en las negociaciones presupuestarias ha paralizado el resto de la agenda legislativa. Hoy, el PRO había convocado a tratar el proyecto de Ficha Limpia, pero no hay garantías de quórum. Diputados vinculados a líderes provinciales podrían retirar su apoyo como señal de descontento hacia Milei, cuyo manejo político está generando crecientes tensiones. Miguel Ángel Pichetto, un opositor a esa ley, trabaja activamente para desarticular la iniciativa.

Por otro lado, este jueves se retomará la sesión interrumpida de la semana pasada, en la que se espera abordar la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y rechazar el decreto que otorga al ministro de Economía, Luis Caputo, la capacidad de realizar canjes de deuda sin límites ni intervención del Congreso. La sesión previa fracasó luego de que los gobernadores presionaran para levantarla, un movimiento coordinado con la Casa Rosada que había prometido avanzar con el dictamen del presupuesto, compromiso que nunca se cumplió. Ahora la incógnita es si esta vez habrá avances.

En los pasillos del Congreso circulaba anoche un rumor: si se logra un consenso amplio entre los bloques opositores, el presupuesto podría añadirse de manera sorpresiva al temario del jueves. Para ello, al no contar con dictamen, se necesitarían dos tercios de los votos para proceder. Aunque ese número parece lejano, podría alcanzarse con la unión de gobernadores de distintos sectores, la UCR y el peronismo. Sin embargo, aunque ya se ha estado cerca en ocasiones anteriores, nunca se ha concretado.