El magistrado federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones de la operación Lava Jato, aceptó este jueves ser el ministro de Justicia del Gobierno del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

A la salida de la reunión que mantuvo con Bolsonaro en la casa del mandatario, el juez afirmó que la posibilidad de establecer una agenda anticorrupción y contra el crimen organizado lo llevó a aceptar el cargo.

El vicepresidente electo, Hamilton Mourão, dijo que los contactos con Moro se dieron durante la campaña electoral.

«En caso de que se confirme oportunamente la invitación, será objeto de ponderada discusión y reflexión«, había señalado en la previa el magistrado de primera instancia a través de un comunicado de su asesoría de prensa.

En una entrevista concedida la víspera, Bolsonaro había dicho que pensaba en Moro como su ministro de Justicia o como uno de los once magistrados que integran el Supremo, aunque la primera vacante en la máxima corte del país tan solo se abriría en 2020.

El magistrado, símbolo de la lucha anticorrupción para una parte de la población brasileña, dijo sentirse «honrado» con la invitación realizada por Bolsonaro, vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo.

Bolsonaro se impuso con un 55 % de los votos frente al 44 % que obtuvo el progresista Fernando Haddad, sucesor del encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

Apenas consumado el resultado, Moro felicitó al capitán en la reserva del Ejército por su triunfo en los comicios, le deseó un «buen gobierno» y destacó la importancia de realizar «reformas para recuperar la economía y la integridad de la administración pública».

El magistrado trabaja en la 13 Corte Penal Federal de la ciudad de Curitiba (sur), donde se concentran las investigaciones en primera instancia del caso de corrupción en Petrobras, que destapó los millonarios desvíos que operaron durante una década en la estatal.

El escándalo en la petrolera estatal llevó a prisión a importantes empresarios y políticos, entre ellos a Lula, a quien Moro condenó por corrupción y posteriormente decretó su ingreso en prisión cuando la pena fue ratificada y ampliada hasta los doce años de cárcel en segunda instancia.