El proyecto de Daniel Scioli para reformar la Ley Electoral de la Provincia y habilitar a que jóvenes puedan votar desde los 16 años choca con una iniciativa ya presentada por el ultrakirchnerismo. Lo mismo ocurrió con una iniciativa para modificar la estructura de la Procuración de la Suprema Corte.

Las dos iniciativas rozan o condicionan proyectos kirchneristas y son parte de una avanzada del sciolismo en la Legislatura, que tiene como trasfondo la debilitación que atraviesan los representantes de la Rosada en la Provincia.

VOTO A LOS 16

Luego de conocerse la decisión de Scioli de avanzar con el voto joven, desde el bloque que conduce Juan de Jesús anunciaron una jornada de debate sobre el sufragio a los 16 y aprovecharon para aclarar que "la iniciativa de ampliación de derecho al voto joven había sido presentada a mediados de septiembre y actualmente está en la Comisión de Reforma Política y del Estado”.

Scioli definió el contenido del proyecto reformista de la Ley 5.109 correspondiente al Código Electoral, en el marco de una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete Alberto Pérez y el subsecretario de Gabinete Juan Pablo Álvarez Echagüe.

La iniciativa propicia la participación electoral de los jóvenes a partir de los 16 años en sintonía con la propuesta que se aborda en el Congreso Nacional.

“La reforma que estamos impulsando tiene como principal objetivo acompañar desde la Provincia de Buenos Aires la ampliación de derechos políticos y la participación política abordada en el Congreso Nacional”, señaló Alberto Pérez.

La reforma también contempla adecuar la normativa electoral provincial a las nuevas modalidades sobre constancia de emisión de sufragio a partir de la implementación del DNI en formato tarjeta, con el que votarán por primera vez millones de bonaerenses.

Esta adaptación ya fue incorporada al Código Electoral Nacional mediante la Ley Nº 26.744, que tienen su fundamento en la eliminación del formato libreta del Documento Nacional de Identidad.

PROCURADURÍA Y COMITÉ CONTRA LA TORTURA

Diputados sciolistas presentaron un proyecto de ley que desdobla las atribuciones del Procurador y Subprocurador General manteniendo la unidad del Ministerio Público que hoy conduce María del Carmen Falbo. Esa iniciativa choca con un proyecto que desde el Senado impulsa Cristina Fioramonti, jefa de la bancada oficialista, y que consiste en dividir la Procuración General en Fiscales y Defensores oficiales.

Desde el sciolismo descartaron de plano esa idea. Sostienen que el texto de Fioramonti crea un organismo para la Defensa por fuera de la Procuración y aseguran que eso va en contra de lo que propone la Constitución.

También durante la última semana Daniel Scioli creó por decreto un Comité contra la Tortura en las cárceles bonaerenses, pese a que existe una ley ya aprobada en el Senado que espera sanción en Diputados que apunta a la misma finalidad. Esa iniciativa había sido impulsada por el senador de La Cámpora y mano derecha de Mariotto, Santiago Carreras.

El propio Carreras ironizó en su cuenta de Twitter sobre el decreto de Scioli. “Que alegría saber que nuestras intenciones, nuestro trabajo y mirada política, tiene como definición un decreto provincial”.

POLICÍA JUDICIAL

Luego de un debate caliente en el propio oficialismo, el Senado bonaerense aprobó y giró a Diputados el proyecto de ley que crea la Policía Judicial en la Provincia. Las tensiones entre sciolistas y kirchneristas quedaron expuestas nuevamente sólo que, ésta vez fueron los referentes de La Juan Domingo quienes lograron traccionar por sobre el vicegobernador e impidieron que las autoridades de la fuerza deban ser avaladas por la cámara Alta.

El proyecto ya fue girado a Diputados, donde al iniciar la sesión se aprobó una moción para que la iniciativa sea tratada “con o sin despacho” dentro de 15 días, por lo que se descuenta que será convertido en Ley.

En la cámara Alta, el debate se empantanó debido a la negativa del sciolismo, en conjunto con la oposición, de aprobar el artículo 35, que dispone que las autoridades de la fuerza, luego de ser designadas por la Suprema Corte de Justicia, sean avaladas por el Senado. Tras un largo cuarto intermedio, ese paso fue eliminado de la ley.

Tal como quedó redactado el texto, ya no será necesario un “acuerdo” para efectuar el nombramiento de autoridades de la fuerza, que quedará enteramente en manos de la Suprema Corte bonaerense. Si bien eran varios los puntos que suscitaban posturas encontradas en el marco de un proyecto de 62 artículos, los senadores de La Juan Domingo impusieron su criterio en el 35. Allí se señalaba que “la Suprema Corte de Justicia designará a las autoridades en sus cargos, previo acuerdo del Senado”.

Ahora, tras la aprobación del Senado, tendrá que ser analizado por los diputados para obtener su sanción, y hay quienes sostienen que el debate se iniciará desde el principio y de hecho ya advierten que no están contempladas en el Presupuesto 2013 partidas para la puesta en marcha del Cuerpo de Investigadores Judiciales.