Hay datos que, puestos uno al lado del otro, obligan a hacerse preguntas.

En San Martín, de acuerdo con estimaciones sobre la estructura de personal municipal, existen alrededor de 10.000 personas vinculadas laboral o contractualmente con el Municipio, entre empleados de planta permanente, planta transitoria y monotributistas que facturan por servicios.

En la última elección municipal votaron 237.383 vecinos.

La cuenta es sencilla: aproximadamente una persona vinculada laboralmente al Municipio por cada 24 votantes.

No significa que esos 10.000 trabajadores voten al oficialismo. Mucho menos que exista un voto cautivo automático. Sería irresponsable afirmarlo sin una investigación específica.

Pero sí significa algo que merece ser discutido públicamente: una estructura estatal de semejante magnitud tiene necesariamente un peso político y electoral considerable.

Y la pregunta es inevitable: ¿Dónde termina el Estado y dónde empieza el aparato político? Un municipio necesita trabajadores. Nadie discute eso.

Necesitamos buenos empleados municipales para limpiar nuestras calles, mantener las plazas, atender nuestros centros de salud, realizar obras, controlar el tránsito, administrar los servicios y resolver los problemas cotidianos de los vecinos.

El problema aparece cuando el empleo público deja de ser una herramienta para prestar mejores servicios y se transforma en una herramienta de construcción de poder.

Porque hay una diferencia enorme entre un Estado que emplea personas para funcionar y un Estado que genera una estructura de dependencia económica capaz de condicionar la libertad política.

Un empleado municipal debería poder votar a quien quiera. Un monotributista que trabaja para el Municipio debería poder apoyar a quien considere mejor. Un proveedor municipal debería poder pensar distinto al intendente sin tener miedo de perder su contrato.

Esa debería ser la regla básica de cualquier democracia.

El problema del voto condicionado

No hace falta que exista una orden explícita para que aparezca el temor. Alcanza con que una persona piense: “Si cambia el gobierno, ¿qué pasará con mi trabajo?”

Ese interrogante puede convertirse en un poderoso condicionante electoral. Y el fenómeno no termina en el trabajador. Detrás de 10.000 vínculos laborales existen miles de hogares. Hay cónyuges, hijos, padres, hermanos y amigos. Existe además una red de relaciones territoriales, proveedores y contratistas que puede multiplicar la influencia de una estructura estatal.

Por eso, el peso político potencial de una Municipalidad no se mide solamente contando empleados. Una diferencia electoral que no es menor.

En la última elección municipal votaron 237.383 personas. Si tomamos como referencia los aproximadamente 10.000 vínculos municipales, estamos hablando de un universo equivalente a más del 4% de todos los votos emitidos.

Y hay un dato todavía más significativo: en 2025 la diferencia entre las dos fuerzas principales fue de aproximadamente 36.700 votos.

Es decir que, en una elección competitiva, unos pocos miles de votos pueden cambiar el resultado. Por eso sería ingenuo considerar irrelevante el peso electoral potencial de una estructura municipal de 10.000 personas.

El Estado no puede ser la aseguradora electoral de ningún gobierno. San Martín necesita discutir algo mucho más profundo que el número de empleados municipales. Necesita discutir qué Estado queremos. Un Estado grande no necesariamente es un Estado eficiente.

Podemos tener muchos empleados y, al mismo tiempo, calles sucias, inseguridad, plazas abandonadas, trámites interminables y servicios deficientes.

La pregunta correcta no es: “¿Cuántos empleados tiene el Municipio?”. La pregunta correcta es: “¿Cuántos empleados necesita San Martín para brindar los servicios que los vecinos merecen?”. Y, sobre todo: “¿Cuántos recursos estamos destinando a prestar servicios y cuántos estamos destinando a sostener estructuras políticas?”.

Defender al trabajador municipal es exactamente lo contrario de utilizarlo políticamente. Hay que decirlo con claridad porque es una diferencia fundamental. Revisar la estructura municipal no significa perseguir empleados. Significa terminar con los cargos políticos innecesarios, revisar contrataciones, transparentar el ingreso al Estado y profesionalizar la administración.

El trabajador municipal que cumple su tarea, que tiene experiencia y que brinda un servicio esencial debe ser reconocido y protegido. Lo que no puede ocurrir es que un puesto de trabajo dependa de la simpatía política con el intendente de turno.

El Municipio debe garantizar estabilidad por mérito y capacidad, no por militancia.

El desafío para 2027

De cara a la próxima elección municipal, San Martín debería animarse a discutir este tema sin prejuicios. No se trata de atacar a los trabajadores municipales. Se trata de liberarlos de cualquier sospecha de dependencia política.

Un futuro gobierno debería comprometerse públicamente a:

• Transparentar toda la nómina municipal.
• Publicar la cantidad de empleados de planta, contratados y monotributistas.
• Informar qué función cumple cada área y cuál es su costo.
• Reducir drásticamente los cargos políticos.
• Profesionalizar el ingreso y la carrera municipal.
• Garantizar que ningún trabajador pierda su empleo por sus ideas políticas.
• Transparentar las contrataciones y compras
• Evaluar la productividad y necesidad real de cada área.
• Destinar el ahorro obtenido a seguridad, infraestructura, servicios y reducción de tasas.

Porque hay una diferencia entre tener un Estado presente y tener un Estado que está presente en la vida política de sus empleados.

El Municipio es de todos

San Martín no necesita un Estado que genere miedo a un cambio de gobierno. Necesita un Estado que funcione tan bien que sus trabajadores quieran conservarlo, aunque cambie el intendente. Ese debería ser el verdadero desafío.

Que un empleado municipal pueda votar libremente. Que un proveedor pueda competir sin tener padrino político. Que un vecino pueda conseguir trabajo sin pertenecer a ninguna organización.

Y que un intendente pueda ganar una elección porque los vecinos están convencidos de que gobierna bien, no porque miles de personas sientan que su ingreso depende de que ese gobierno continúe.

El Estado municipal debe estar al servicio de los vecinos. Nunca al servicio de la continuidad de un gobierno.

Y en San Martín, con una estructura de alrededor de 10.000 vínculos laborales municipales frente a 237.383 votantes efectivos, esta discusión ya no puede seguir siendo un tema incómodo.

Es una discusión sobre la calidad de nuestra democracia.