La senadora respalda excluir a los funcionarios de Inocencia Fiscal II: el oficialismo rechaza el cambio
La discusión por la segunda versión de Inocencia Fiscal abrió un nuevo frente dentro de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich volvió a marcar distancia de Javier Milei y reclamó que los funcionarios queden excluidos de los beneficios previstos por el proyecto que actualmente se debate en la Cámara de Diputados.
La postura de la jefa del bloque libertario en el Senado llega pocos días después de otro cortocircuito con la Casa Rosada, luego de que aceptara recortar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y resignara tres de sus capítulos más controvertidos. Ahora, su planteo sobre Inocencia Fiscal II vuelve a generar diferencias dentro del oficialismo.
El pedido de Bullrich no es menor. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, establece un nuevo esquema para facilitar la declaración de bienes y reducir las posibilidades de persecución fiscal. La senadora, sin embargo, considera que quienes ocupan cargos públicos no deberían acceder a esos beneficios.
Su posición también tiene una lectura política. El exjefe de Gabinete Manuel Adorni quedó involucrado en la primera etapa del programa a partir de las explicaciones que debió brindar sobre bienes que no habían sido declarados. Ahora, la exministra de Seguridad volvió a utilizar ese antecedente para diferenciarse del Gobierno.
Durante un desayuno organizado por la Fundación Mediterránea, Bullrich fue contundente: Inocencia Fiscal «no será para los funcionarios», aunque «sí van a poder hacer un blanqueo los que durante años ahorraron en dólares en Argentina como manera de resguardo de valor».
La negociación en Diputados
La definición de Bullrich sorprendió a los referentes oficialistas que trabajan en el Congreso para conseguir la aprobación del proyecto. Hasta ese momento, la instrucción era avanzar con el texto enviado por el equipo de Luis Caputo sin modificaciones sustanciales.
La diputada Laura Rodríguez Machado, cercana a Bullrich y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, tendrá un papel central en la discusión. La comisión, junto con la de Presupuesto, comenzará este miércoles a definir el dictamen.
En las negociaciones con la oposición apareció justamente la posibilidad de introducir una restricción para los integrantes del Gabinete. Los aliados que impulsan ese cambio son principalmente el MID y Provincias Unidas, cuyos votos resultan importantes para que el oficialismo consiga una mayoría amplia. También existen reclamos provenientes del radicalismo, mientras que el PRO mantiene una posición menos enfática sobre el tema.
Desde el oficialismo, sin embargo, sostienen que la exclusión de los funcionarios no está contemplada en el diseño original. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, explicó durante las reuniones de comisión que no se trata de un blanqueo, sino de una modificación del régimen impositivo.
«Para la declaración de bienes, los funcionarios deben cumplir la ley de ética pública. Inocencia fiscal comprende la declaración jurada de Ganancias. No se puede excluir a nadie», explicaron fuentes de La Libertad Avanza.
La misma fuente defendió el espíritu de la iniciativa: «El proyecto no está pensado para salvar a nadie, sino para que entren dólares».
De todos modos, cerca de Rodríguez Machado reconocen que se están analizando cambios al dictamen y que una de las principales alternativas consiste precisamente en establecer alguna limitación para los funcionarios.
Qué cambia con Inocencia Fiscal II
La nueva iniciativa amplía los beneficios del régimen vigente. Entre sus principales modificaciones elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente deben cumplirse para acceder a determinadas ventajas en la declaración jurada de Ganancias.
Hasta ahora, esos topes estaban fijados en $1000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio. Si el proyecto prospera sin modificaciones, el nuevo esquema podría alcanzar a cualquier contribuyente.
También aumenta el margen de lo que se considera una «discrepancia significativa», es decir, la diferencia tolerada entre lo declarado por una persona y la información que posee la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El proyecto establece además que el organismo podrá utilizar la información proporcionada por el propio contribuyente o por terceros dentro de sus sistemas, mientras que otros datos quedarían fuera del valor probatorio.
Otro de los puntos cuestionados es el mantenimiento de una excepción vinculada con las operaciones inmobiliarias. El esquema conserva beneficios relacionados con el pago de escrituras y contempla la condonación de multas, una disposición que podría terminar siendo modificada durante el debate.
Otro capítulo en la relación Bullrich-Milei
La discusión por Inocencia Fiscal II se suma a una serie de diferencias entre Patricia Bullrich y Javier Milei que se hicieron más visibles durante las últimas semanas.
La senadora ya había tomado distancia del Presidente en distintas discusiones vinculadas con los pliegos judiciales. No acompañó tres candidaturas que permanecen frenadas y tampoco avaló el retiro de la postulación de María Verónica Michelli, cuyo pliego terminó siendo aprobado en el Senado.
El caso generó una fuerte tensión con Milei, que se había opuesto a la designación por el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon. Bullrich se abstuvo en la votación y llegó a amenazar con abandonar la conducción del bloque si no se respetaba su posición.
La disputa por la Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue otro punto de quiebre. Durante el tratamiento en el Senado, la legisladora aceptó avanzar con una versión recortada después de que la oposición y distintos gobernadores bloquearan tres capítulos del proyecto original.
Aquella decisión generó malestar en la Casa Rosada y profundizó las diferencias entre la jefa del bloque libertario y el sector más cercano a Karina Milei.
Ahora, el debate por Inocencia Fiscal II suma un nuevo motivo de tensión. Bullrich vuelve a marcar límites propios dentro del oficialismo, mientras el Gobierno necesita cerrar un acuerdo con aliados y opositores para conseguir que una de sus principales iniciativas económicas avance en Diputados.
