La Legislatura porteña declaró la emergencia ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo y autorizó al Gobierno de la Ciudad a invertir hasta $ 300 millones en su saneamiento. El kirchnerismo había buscado impedir la votación, para que esta ley local no opacara un anuncio del Gobierno de la Nación como propuesta de solución ambiental. El kirchnerismo cambió su la postura, había consensuado este proyecto junto al macrismo, el ARI y la izquierda, que juntaron igualmente 36 votos, suficientes para la aprobación.

La ley hace hincapié en la situación de las miles de personas que viven en asentamientos precarios a la orilla del Riachuelo. Se instruye al Gobierno porteño para que las "traslade y reubique" y para que sean sometidas a estudios epidemiológicos y toxicológicos.

"Lo único que quieren con esta ley es salir en los diarios", les gritó a los demás diputados el líder de los kirchneristas, Diego Kravetz. Todos los legisladores de su bloque habían pedido la palabra en la etapa de las manifestaciones previas a la sesión, buscando que se hiciera tarde y la ley no se llegara a tratar. Finalmente, el resto de los bloques votó una alteración del orden del día para asegurar su aprobación.

El tema de la contaminación del Riachuelo se recalentó con el fallo dictado en junio por la Corte Suprema, por el cual intimó a los Gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad a presentar un plan de saneamiento. En este marco, la Legislatura comenzó a apurar la declaración de la emergencia ambiental.

Desde la Comuna, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Vensentini afirmó que "esta ley es positiva, porque expresa el compromiso político de la Legislatura con el Riachuelo, aunque la mayoría de las acciones que dispone ya se están haciendo".

La ley, entre otros puntos, le ordena al Poder Ejecutivo que: Elimine basurales y asegure la recolección diaria de residuos; haga estudios de suelo, agua y aire de la zona y actualice el censo de emprendimientos fabriles; confeccione con otras jurisdicciones y con la empresa estatal de agua un plan de tratamiento de efluentes cloacales y pluviales; también se insta al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, a que en 90 días constituya junto a la Nación y la Provincia una autoridad de cuenca, con facultades de control, regulación y poder de policía.

La superposición de jurisdicciones y la falta de una autoridad única es uno de los incovenientes que siempre se señalan en la problemática del Riachuelo. Para cumplir todos estos objetivos, la ley autoriza al Ejecutivo a disponer hasta $ 300 millones del superávit de años anteriores que tiene en depósitos bancarios el Estado porteño.

"El kirchnerismo no quería que saliera porque deja en evidencia la falta de iniciativas del Gobierno nacional, que se la pasa quejándose por las papeleras y no hace nada por el Riachuelo", dijo Gabriela Michetti, jefa de uno de los dos bloques macristas.

"Es exactamente al revés. Como el Gobierno nacional tiene un plan, que ya está casi listo, lo lógico sería que lo apruebe primero el Congreso y luego adhieran a él la provincia y la Ciudad", respondió Kravetz.