A poco de conocerse su fallo sobre la reforma judicial, la Corte Suprema estaría dividida en torno a dos posiciones: por un lado, hay integrantes que proponen una declaración tajante sobre la inconstitucionalidad de la ley, mientras que, por otro, hay quienes optarían por un fallo más diplomático y así evitar conflictos con el Gobierno.

Tal como informa el matutino Perfil, ante este panorama, el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, deberá buscar consenso entre los siete miembros del máximo tribunal.

Es que el “ala dura” de los ministros, liderada por Carlos Fayt, apuntaría que la reforma del Consejo “destruye el artículo 114 de la Constitución Nacional al romper el equilibrio entre las representaciones de los órganos, ya que un solo segmento político tomaría todas las decisiones”. Dicho sector del cuerpo indica que la reforma judicial habría “modificado de hecho la Constitución a través de una ley del Congreso”, y argumentaría que vulnera el “artículo 109 de la Carta Magna que establece que en ningún momento el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales”. Así, lo que estaría en juego “la independencia del Poder Judicial y con ello el sistema republicano de Gobierno”.

Por su parte, el espacio más conciliador querría evitar que el fallo de la Corte signifique un quiebre definitivo con el Gobierno. Allí, siempre según Perfil, estarían Lorenzetti y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco. Más allá de su intención de no alcanzar un fallo tan duro contra el Gobierno, coinciden en resolver en consonancia con los razonamientos jurídicos realizados el martes por la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría.

¿Cómo sería un fallo “con consenso”? Por ejemplo, dar visto bueno a la elección popular de los académicos integrantes la Magistratura, pero, eso sí, en un número restringido y distinto al de la ley que se impugna.

En ese sentido, todos los miembros de la Corte han opinado de forma similar: la nueva integración del Consejo de 19 miembros no resulta “equilibrada” como lo exige la Constitución, ya que la participación de jueces y abogados queda diluida frente a los representantes del sector político, tal como lo expresó Servini.
Además, también coincidirían en que ni jueces, abogados o académicos pueden participar en listas partidarias porque perderían la independencia.

En ese sentido, el voto del ministro Eugenio Zaffaroni es el más esperado. Pese a que formó parte del armado de la reforma K, no quedó conforme con el resultado y creen ue votará como la mayoría de los ministros, aunque quizás argumente por separado su fallo.

La semana pasada Servini de Cubría declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley 26.855, que reforma el Consejo de la Magistratura y dispone la elección popular de sus miembros. Además hizo lo propio con el decreto presidencial que convoca a elección de consejeros, abogados, jueces y académicos en las próximas elecciones primarias, en agosto. En tanto, también frenó el proceso de registro de los candidatos de las alianzas para el Consejo de la Magistratura del Frente para la Victoria y otro partido.