Por Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e Investigadora del CONICET.

La sociedad argentina requiere un modelo de universidad capaz de dar respuesta a los desafíos de un nuevo tiempo histórico. La Revolución Científico-Técnica impone al conocimiento como un recurso estratégico esencialmente democratizante, en tanto sólo adquiere todo su potencial si se distribuye en el conjunto de la sociedad y no es mero patrimonio de una elite.

En este marco, las universidades juegan un rol protagónico en la incorporación, creación, producción y distribución de conocimientos en su más alto nivel de calidad y en toda la gama de temáticas, como un patrimonio colectivo de la Nación.

La actual Universidad, fundada en principios neoliberales, muestra al menos dos limitaciones para desarrollar conocimiento cual genuino recurso estratégico de los argentinos. La primera es la degradación de su presupuesto y el grave deterioro de sus posibilidades; la segunda, el tipo de conocimiento y de investigación predominantes que aborda.

A instancias del Banco Mundial se promovió un sistema “taylorista” del saber universitario, fragmentado y parcial, orientado a la “hiperespecialización de los especialistas especializados”: Una orientación en sentido contrario a las exigencias de nuestro tiempo, donde la clave es la capacidad de formular miradas integradoras, contextuales y relacionales. Aquello que Simón Rodríguez llamaba perspicacia espiritual; la capacidad de adaptación innovadora y creación requerida para la comprensión de procesos complejos.

Esto impone la necesidad de promover una profunda reforma académica con el fin de instrumentar nuevas modalidades de incorporación, transmisión y producción creativa de conocimientos.

Debemos promover universidades de masas en las que prevalezca la innovación y la excelencia, como requisito indispensable para superar la falacia de que los conocimientos válidos son sólo aquellos que porta una elite iluminada: Las vertientes más avanzadas de las Ciencias Cognitivas plantean que la jerarquía de los conocimientos dependen del contexto y, en tal sentido, adquieren su potencial cuando es posible articular los saberes técnico-académicos con los saberes o experiencias sociales y culturales diseminados en la sociedad.

Este desafío plantea un nuevo tipo de relación Universidad-sociedad que abre amplios espacios de diálogo e intercambio en un proceso que es ampliamente democratizante y obliga a superar el enclaustramiento universitario.

En ese sentido, el debate parlamentario constituye una importante iniciativa que, respetando su autonomía, tiende a revertir la crisis actual de nuestras universidades, impulsando una legislación que refuerza su rol estratégico y los principios rectores de su acción.

Los Proyectos de Ley presentados expresan distintas posiciones sobre qué tipo de educación superior necesita el país, para quiénes y cómo realizarla. Se trata de un debate (por el momento desarrollado en la Comisión de Asesores de Educación) con el propósito de superar concepciones erráticas del pasado.

Entre los principales puntos, el referido a la autonomía constituye un pilar que las Universidades están lejos de resignar, pero del cual aún carecen los Institutos de Educación Superior. Se discute si cabe extenderles una autonomía total o restringida; y de qué forma los institutos con jurisdicción provincial podrán gozar de tal derecho.

Un segundo aspecto hace referencia a los órganos de gobierno del sistema de Educación Superior. El debate gira en torno a una cuestión no menor: La implementación (o no) de un órgano superior dedicado a articular todo el sistema; la existencia (o no) de Consejos Regionales; o la participación (cuestionada) de sectores privados en la toma de decisiones.

Respecto al gobierno universitario la discusión se centra en la distribución de la representación entre los distintos claustros que lo integran y si tal modalidad comprende a las instituciones no universitarias.

El tercer aspecto se refiere al financiamiento de la Educación Superior, un punto de álgida disputa entre aquellas posturas que procuran mantener el régimen de gratuidad como garantía de igualdad de oportunidades y la de quienes consideran que este beneficio debiera ser restringido a un orden selectivo.

Además se discute si las prestaciones del “cuarto nivel” deben continuar siendo aranceladas y para quienes; si de esa forma pueden acceder en paridad de condiciones con los residentes argentinos, los estudiantes extranjeros; o si bajo la misma matriz presupuestaria se sostienen las actividades de investigación y extensión que lleva a cabo la universidad. En ese mismo sentido queda sujeta la cuestión del ingreso irrestricto.

Ninguno de los proyectos en debate se expide claramente sobre la regulación del sistema de educación a distancia. Tampoco existe consenso sobre las formas de acceso, permanencia y desarrollo profesional de los docentes, a fin de compatibilizar la necesaria excelencia académica con la observancia de los derechos laborales. Otra disidencia se centra en los acuerdos y convenios con universidades extranjeras: en la actualidad el beneficio por el cambio de divisas atrae alumnos de diversos países que abaratan sus estudios, mientras los graduados argentinos no obtienen ventajas similares (ni en el ámbito doméstico ni cuando continúan sus posgrados en el exterior).

Por estas razones resulta imprescindible reformar el desenvolvimiento de nuestras universidades e institutos de enseñanza superior que, por imperio de las necesidades actuales y su proyección futura, deben garantizar la incorporación de los sectores hoy excluidos de sus aulas. La redistribución del conocimiento supone necesariamente una redistribución del poder social y al mismo tiempo nuestras universidades tienen por delante el reto de apoyar, en las distintas áreas del conocimiento, los procesos de integración regional autónoma.