En la noche del jueves se vivieron momentos tensos en el Concejo Deliberante de San Isidro. Cerca de 130 empleados contratados se enteraron que fueron cesanteados, y que cobraron menos dinero del que correspondía. Cuando se acercaron a buscar sus sueldos conocieron de la decisión. Solamente tenían depositada la primera semana de trabajo de junio.

El presidente Andrés Rolón avanzó en una maniobra para transparentar -léase bajo argumento oficial: si existen o no «ñoquis»- y ordenar las cuentas del deliberativo. Desde que asumió la conducción se especuló con la cantidad de contratos del Concejo Deliberante. Sin embargo, LaNoticiaWeb averiguó que en la maniobra hay muchos trabajadores que cumplían sus tareas efectivamente.

Así, con el respaldo de SUTEBA, ATE, CTA, Judiciales y Raquel Witis de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona Norte, una veintena de cesanteados decidió pasar la noche en el edificio, y se instalaron en el segundo piso, donde funcionan los despachos de Unidad Ciudadana y el PJ, y también en los pasillos. Según se expresó, comenzó un plan de lucha para buscar la reincorporación.

Personal policial rodeó el edificio durante la noche, y muchos agentes continuaban en la puerta durante la jornada de este viernes 29. Debía producirse una reunión con el presidente Rolón, pero los bloques opositores no asistieron.

Desde la oposición denuncian que los despidos se produjeron solamente entre los contratados que pertenecen a los bloques de ConVocación por San Isidro y Unidad Ciudadana, y en menor medida el Frente Renovador y el PJ.

En el oficialismo expresaron que todos los cesanteados ingresaron en diciembre, cuando se reeligió a Castellano en la presidencia en acuerdo con sectores opositores y a contramano con el deseo del intendente Gustavo Posse. Además, afirman que los presidentes de bloque conocían esta decisión desde hace dos semanas.

A través de una circular de prensa se expresó Manuel Abella, el jefe de bloque de ConVocación: “Venimos fiscalizando a Posse y controlándolo de cerca, y eso no le gusta. No le gusta que expongamos los despilfarros y gastos ridículos de su gestión, que busquemos la aprobación de una oficina Anticorrupción independiente que le siga la pista, ni que vigilemos la causa penal en su contra por el Plan Federal de Viviendas. Posse quiere seguir en un municipio en el que sea normal que el Intendente declare la construcción de 250 viviendas, cuando realmente se construyeron 44”.