El proyecto inicial lleva la firma del presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria-Partido Justicialista, y su par del Senado, Osvaldo Goicochea. El anuncio se realizó en la Legislatura que comenzará a debatir en los próximos días un proyecto que fue elaborado en conjunto por ambas Cámaras para implementar en la Provincia de Buenos Aires el instituto del Juicio por Jurados.
El presidente del bloque de diputados del FpV-PJ de la provincia encabezó una conferencia de prensa en la que presentó los principales lineamientos de la iniciativa que pretende implementar los juicios por jurados. “El proyecto determina una reforma al procedimiento judicial en la provincia para que los ciudadanos puedan participar para algunos delitos en la determinación de la culpabilidad o no de los acusados”, explicó.
“De manera tal que se genere un compromiso por parte de la ciudadanía de involucrarse con la administración de justicia y a su vez un desafío para la justicia de contar con dos elementos: hacer parte a la ciudadanía de este sistema y de transformar el proceso en un lenguaje claro y libre para el ciudadano común”, continuó el diputado Pérez.
Según adelantó el titular de la bancada oficial en la cámara baja, en la primera etapa de instrumentación el Juicio por Jurados se aplicará a los delitos dolosos seguidos de muerte y a los que se cometan contra la sexualidad de las personas como violaciones, abusos de menores, con o sin secuestro de las víctimas. “Son delitos de altísima conmoción pública”, argumentó el legislador.
“Los beneficios que traerá la aplicación de una ley así tienen que ver con la participación ciudadana en la determinación de la culpabilidad o no. Me parece que de esta forma se logrará mucho más consenso social en las condenas y obliga a la justicia a ser más criteriosa a la hora de la aplicación de la justicia”, señaló Raúl Pérez.
En tanto, entre los aspectos centrales de la justificación del proyecto se plantea que uno de los objetivos es colocar a la provincia de Buenos Aires “a la altura de las legislaciones más avanzadas de Occidente”. Asimismo se asegura que “este sistema de enjuiciamiento está en línea con los principales doctrinarios de nuestro país en la materia procesal penal”.
La iniciativa busca también fomentar el compromiso de los habitantes “en el ejercicio de una de las funciones estatales relevantes para la convivencia en sociedad”; así como también “legitimar, en clave democrática, las resoluciones judiciales en materia penal en los casos más graves por la vía de la participación protagónica del pueblo en la respectiva decisión”.
También, se indicó que el procedimiento “no limita en modo alguno las garantías procesales del imputado, sino que las potencia. Asimismo, establece un generoso régimen recursivo con amplias causales de procedencia como para poner en evidencia eventuales irregularidades en el veredicto de culpabilidad del jurado”.
Por último, se asegura que “el sistema actualmente vigente en la provincia de Buenos Aires, oral, público y contradictorio, permitirá el tránsito gradual hacia el juicio por jurados en el juzgamiento de los delitos que el legislador provincial vaya incorporando, sin causar ningún desequilibrio en las estructuras judiciales actuales ni en el presupuesto previsto para el área”.