Es un consorcio con 1.542 unidades funcionales donde viven 12 mil personas, en Panamericana y Camino de Real Morón. Para elegir administrador hacen falta dos tercios de los vecinos, una brutalidad administrativa que hace virtualmente imposible la elección por Asamblea. Un juez de La Plata tiene al barrio en la mira.
Ariel Renedo es el administrador del Barrio San Isidro, ubicado en Panamericana y Camino Real Morón, Boulogne. Es una “ciudad” de 1.542 unidades funcionales, donde viven 12 mil personas, hay 6 escuelas, un centro de salud propio, un destacamento policial y redes cloacales.
El barrio es administrado de la misma forma que un edificio de propiedad horizontal, según normativa de la Ley 13.512. Según las caracteristicas de los Monoblocks, el monto de las expensas ronda entre los 60 y los 120 pesos. El complejo fue inaugurado en 1979, y fue construido por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires con fondos del FONAVI.
Desde su inauguración, el barrio tuvo varias intervenciones. El actual administrador fue elegido por una intervención judicial luego de distintos procesos oscuros. La Ley requiere que haya quórum en Asamblea con la mitad más uno de los inquilinos y con dos tercios de la convocatoria para la elección de administrador.
Renedo asumió en el 2005 y desde fines del 2007 intenta organizar una nueva Asamblea para llevar adelante el proceso de elección. El Juzgado 22 en lo Civil y Comercial de La Plata, a cargo de Alfredo Villata, está al frente del expediente que trajina desde hace dos años. En todo ese tiempo, la Justicia puso trabas para poder desarrollar una Asamblea, a tal punto que en primera instancia solicitó realizarla en la capital provincial pretendiendo el traslado de dos tercios de los vecinos del barrio.
Hace pocos días atrás, Villate declaró que es necesaria la intervención judicial. Los vecinos y el administrador Renedo solicitan la remoción del juez, con quien no pudieron dialogar durante dos años.
En comunicación con La Noticia Web, Ariel Renedo afirmó que los argumentos por los que no quieren una intervención judicial son debido a lo “costoso de los honorarios del interventor, que dará menos servicios al barrio. Porque uno de los requisitos para la intervención judicial es que alguien lo haya pedido, y en este caso nadie lo solicitó. Otro requisito importante es que haya causas graves que pongan en peligro el normal desenvolvimiento del consorcio o la paz de los consorcistas, y en este caso no existen estas causas. Ya tuvimos intervención que duró 15 años, nos endeudó y destruyó el consorcio en todos los sentidos. Queremos decidir nosotros como vecinos en una Asamblea en el marco del Artículo 10 de la Ley 13.512 de propiedad horizontal, sin que el juez elija quién nos administrará”.
Con la intervención, el administrador de la Justicia gana 4 veces más dinero que un administrador elegido por los vecinos, ya que se lleva un porcentaje de entre el 8 y el 10 % de la recaudación.
Hoy por hoy, en el barrio hay más de 700 juicios. La resolución de intervención ya está realizada por el juez Villata y la apelación fue presentada por Renedo. Cuando el magistrado regrese de su licencia habrá novedades para los vecinos de Barrio San Isidro.

