El Gobierno nacional oficializó la designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de la salida de Juan Pazo, quien presentó su renuncia ante el ministro de Economía, Luis Caputo. Una investigación reveló que compró propiedades en Miami, Estados Unidos, por USD 2 millones que no declaró.

Vázquez es un funcionario de extensa carrera en el Estado, con más de tres décadas de experiencia en áreas vinculadas a la administración tributaria, la inteligencia fiscal y la fiscalización de grandes contribuyentes. Licenciado en Administración y Contador Público por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), complementó su formación con cursos y seminarios especializados en control financiero y prevención del lavado de activos, tanto en el país como en el exterior.

Dentro de su recorrido profesional se destaca su capacitación internacional en los Estados Unidos. En 1997 participó del Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro, y en 1999 realizó el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, organizados por el Departamento de Justicia estadounidense y la Drug Enforcement Administration (DEA). Esos antecedentes fortalecieron su perfil técnico en la lucha contra delitos económicos complejos.

En el plano interno, hace un año había sido designado al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), uno de los cargos más sensibles del esquema recaudatorio nacional, tras la disolución de la AFIP y la reestructuración institucional que dio origen al nuevo organismo. Cercano al entorno de Santiago Caputo, Vázquez logró sostenerse dentro de la estructura estatal pese a internas y desplazamientos hacia otras áreas, como la aduana del puerto de La Plata, antes de su reciente ascenso.

Sin embargo, Vázquez también quedó atravesado por investigaciones judiciales y periodísticas. En diciembre de 2024, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicó una investigación -realizada junto al diario La Nación y basada en datos de Pandora Papers y documentación contable, societaria y bancaria-, que reveló que Vázquez adquirió, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de USD 2 millones que no habría consignado en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Según esa investigación, dos sociedades registradas en Panamá -Alcorta Corp y Pompeya Group Corp-, fueron utilizadas para comprar inmuebles en Miami entre 2013 y 2015. Alcorta Corp adquirió dos departamentos en la zona de Brickell por USD 710.000 y USD 350.000, mientras que Pompeya Group Corp compró una unidad en el edificio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, por USD 980.000. La red societaria incluía una empresa controlante en las Islas Vírgenes Británicas, Galanthus Capital Limited, de la cual Vázquez figuraba como único accionista y beneficiario.

La Justicia penal investigó a Vázquez por su crecimiento patrimonial, pero fue sobreseído en dos oportunidades, en 2018 y la última en noviembre de 2022, ante la «imposibilidad» de avanzar con la pesquisa por la falta de respuesta de autoridades extranjeras a exhortos internacionales. Pese a ello, de acuerdo con CLIP, las propiedades en Miami y la titularidad de sociedades offshore no figuran en las declaraciones juradas presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción, donde la ley de Ética Pública obliga a informar todos los bienes propios y del cónyuge. El no registro de parte del patrimonio podría configurar el delito de “omisión maliciosa”, que contempla sanciones severas, incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos.