Tras el fracaso del concurso, el Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de La Suipachense luego de más de siete décadas de trayectoria en la industria láctea. De esta manera, pone punto final a una emblemática marca que nació como emprendimiento familiar y se convirtió en un símbolo local, con un procesamiento de 250.000 litros diarios de leche.

Además, la decisión deja sin empleo a los 140 trabajadores de la planta ubicada en la localidad de Suipacha, que llevaba más de tres meses sin actividad y era manejada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández.

El fallo judicial alcanza a Lácteos Conosur S.A., razón social bajo la cual operaba la empresa. Además de decretar la quiebra, el juez ordenó la inhabilitación definitiva de la compañía, la inhibición general de bienes y la clausura del establecimiento, con la incautación de documentación y el retiro de libros contables.

El administrador, Jorge Luis Borges León, fue inhabilitado para ejercer funciones comerciales por un año y deberá pedir autorización judicial para salir del país. También fue intimado a entregar las llaves y los accesos digitales del predio a la sindicatura.

La medida se produjo después de que la Justicia intimó a la firma a fines de octubre a presentar un plan de acción para retomar la actividad, lo que no ocurrió. Desde septiembre, la planta estaba paralizada y los empleados habían montado un acampe en la puerta para reclamar una solución.

El conflicto se desató cuando la compañía despidió a nueve administrativos y amenazó con más cesantías, lo que derivó en protestas de trabajadores y vecinos de Suipacha y de la localidad vecina Chivilcoy.

El pedido de quiebra fue presentado el 27 de octubre por el abogado Julián Coronel, vinculado al gremio Atilra y apoderado de la empresa Watt’s, una de las principales acreedoras. En su presentación, advirtió sobre la “delicada y grave situación de los trabajadores” y la imposibilidad de que la firma pudiera retomar la producción.

Con este desenlace, el caso de La Suipachense se suma al de ARSA, la elaboradora de los yogures y postres SanCor, declarada en quiebra a comienzos de noviembre y que fabricaba las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.

También en ese caso, la Justicia ordenó la liquidación total de la compañía y el cierre definitivo de sus plantas ubicadas en Lincoln y Córdoba, que empleaban a 400 personas.

En el sector, apuntan que el cierre de ambas empresas no solo refleja el difícil momento que atraviesa la industria láctea –golpeada por la caída del consumo interno, el aumento de los costos y la pérdida de competitividad–, sino también una gestión ineficiente con irregularidades que denunció Atilra en el proceso.