Los cambios en los tiempos políticos también llegaron al caso Correo Argentino SA. Tras años de silencio o negativas a los pedidos de la fiscal general Gabriela Boquin, la jueza a cargo del expediente en la Justicia comercial sorprendió este miércoles con una decisión contra la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri. La magistrada Marta Cirulli nombró a un coadministrador en Correo, una manera parcial de intervenir en el manejo de las cuentas de la empresa concursada. Así consta en diversos escritos firmados por la jueza, los síndicos y la compañía..  A pesar de la medida, la jueza Cirulli aclaró que al nombrar un coadministrador está tomando una medida a medio camino. Tenía otra opción mucho más grave para la compañía y la familia presidencial: intervenir completamente el manejo financiero de Correo y desplazar a los representantes de los Macri del manejo total de las cuentas. Así lo admitió la jueza en su último escrito publicado en la web del Poder Judicial.

La fiscal Boquin viene solicitando la designación de un interventor desde 2017. Según sostiene en sus dictámenes, su pedido se debe a que detectó gastos sospechosos que podrían tratarse de un desvío de dinero desde Correo hacia otras empresas de los Macri.  Ese dinero debe estar estrictamente controlado para garantizar el eventual pago de las deudas de la compañía. Por eso, denunció a los administradores actuales por supuesto vaciamiento.  Boquin advirtió gastos sospechosos por $ 35 millones, como informó este medio, en consultoras, agencias de publicidad, abogados, alquileres, fiesta de fin de año, cargas sociales para otras empresas de los Macri, cocheras y cuatro oficinas para tres empleados y una compañía sin actividad comercial.  Sin embargo, el cálculo sería de mínima, ya que la cifra fue resultado del análisis parcial de los libros contables. La fiscal venía reclamando ante la falta de acceso a los libros de las compañías de los Macri y la escasa documentación e información que habría entregado Correo a la Justicia para justificar sus gastos sospechados. Consta en sus dictámenes ya publicados.