La versión reducida de la denominada «Ley de Bases» y el conjunto de reformas fiscales estarán sujetos a una etapa crucial la próxima semana en el marco del Pacto de Mayo. Aunque en la Casa Rosada expresan confianza y afirman que el acuerdo está en etapa avanzada y casi cerrado, entre los legisladores y los gobernadores no hay el mismo grado de optimismo. A pesar de que los textos han sido revisados con la contribución de la oposición dialoguista, aún persisten discrepancias en algunos puntos. Este aspecto es relevante, dado que la discusión, en particular, de ciertos artículos más controvertidos del proyecto original fue lo que llevó al fracaso de la media sanción en la Cámara de Diputados el pasado febrero, a pesar de haber obtenido un amplio respaldo (144 votos a favor) días antes en la votación general.

Entre los puntos que aún no cuentan con acuerdo se encuentran los siguientes:

– Delegaciones legislativas: A pesar de que en la nueva versión se han restringido las delegaciones legislativas en comparación con el proyecto original (limitándolas a materias económicas, financieras, fiscales, de seguridad, tarifarias, energéticas y administrativas por un año), el Gobierno ha introducido un artículo sumamente polémico que pretende otorgar amplios poderes en materia de desregulación económica.

Se trata del artículo 71, el cual establece que, durante un año, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de «derogar o modificar regulaciones sobre la actividad económica privada que impliquen un aumento en sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen escasez de bienes y servicios sin una justificación de interés público suficiente, con el fin de promover una mayor eficiencia y eficacia en el ámbito regulado». Sin embargo, se especifica que el Ejecutivo deberá justificar adecuadamente estos aspectos.

Tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal y los bloques provinciales han anticipado su rechazo a este artículo, advirtiendo que «no será aceptado».

– Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): Este régimen está dirigido a grandes inversiones, con especial enfoque en sectores como la agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. Se ofrecen importantes incentivos aduaneros, tributarios y cambiarios a todas estas áreas.

La oposición dialoguista, si bien concuerda en la necesidad de fomentar las inversiones mediante incentivos fiscales y reglas estables en materia cambiaria y tributaria, señala que algunos de los beneficios contemplados en el proyecto parecen excesivos para las empresas y sectores incluidos en el régimen, lo que podría generar una distorsión de la competencia con aquellos que quedan fuera de él.

Desde el radicalismo, Alejandro Cacace ha señalado a los funcionarios algunos aspectos que deben corregirse, como la exención del pago del 7% del impuesto a las Ganancias si las empresas retienen utilidades por más de tres años. Además, se propone la exención de derechos de importación y tasa de estadística para la importación de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos, así como dejar exentas las exportaciones después de tres años desde la adhesión al RIGI.

«Si bien compartimos el espíritu de la iniciativa, tal como está planteada parece un régimen diseñado a medida para los inversores afines al Gobierno. El desequilibrio es muy evidente frente a las pequeñas y medianas empresas», advirtió, por su parte, Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal).

– Impuesto sobre Bienes Personales: Se propone un régimen que permite a los contribuyentes adelantar el pago del impuesto este año a una tasa reducida para los períodos fiscales 2023-2027 por los bienes registrados hasta el último día de 2023. El pago inicial no puede ser inferior al 75% del total, con tasas que oscilan entre el 0,5% y el 0,75% (actualmente es del 2,25%). Aquellos contribuyentes que elijan este régimen disfrutarán de estabilidad fiscal por 14 años, hasta 2038, «con respecto al impuesto sobre Bienes Personales y cualquier otro impuesto nacional que se establezca y que grave todos o cualquier activo del contribuyente».

«Es un descuento excesivo hacia el futuro que beneficia principalmente a los sectores más adinerados. Por ello, no lo respaldaremos», advierten desde la UCR.

– Fondos Fiduciarios: Se otorga al Ejecutivo la facultad de modificar o liquidar los fondos fiduciarios públicos; en caso de eliminación, sus recursos deben dirigirse al Tesoro Nacional. En la oposición, se señala que algunos de estos fondos fiduciarios se financian con recursos provenientes de impuestos que son coparticipables, lo que lleva a cuestionar que el Gobierno Nacional se apropie de ellos.

– Impuesto a las Ganancias: La disputa entre el Gobierno y los gobernadores se centra en el umbral mínimo a partir del cual se aplica el impuesto, el cual es compartido. El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que se elevará el umbral inicialmente previsto, de 1,2 millones de pesos. Durante la reunión con los gobernadores, se consideró aumentarlo a 1,8 millones y revisar la progresividad de las tasas impositivas, así como las exenciones del tributo (que fueron eliminadas en el borrador del proyecto).

– Reforma Laboral: A solicitud de los bloques dialoguistas, el Gobierno incluiría en la ley de bases el capítulo sobre reforma laboral contenido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que fue suspendido por la Justicia. Sin embargo, los legisladores propondrán modificar ciertos aspectos; el más controvertido es aquel que propone la derogación de las multas por empleo no registrado o registrado de forma incorrecta con el fin de favorecer a las pequeñas y medianas empresas y promover la contratación de empleados.

«Podría ocurrir lo contrario: que los empleadores contraten de manera informal sabiendo que no serán sancionados con multas», advierten Cacace y Agost Carreño.

El Gobierno confía en que las negociaciones con los bloques dialoguistas y los gobernadores logren resolver los puntos más conflictivos para que las leyes sean aprobadas a tiempo. El bloque de Pro ya ha manifestado su respaldo total; la mayoría de la UCR también brindará su apoyo, y de hecho, el líder de la bancada, Rodrigo De Loredo, mantiene un diálogo constante con los funcionarios respecto a los detalles del proyecto.

Por otro lado, la bancada de Hacemos Coalición Federal esperará a ver la versión final que presente el Ejecutivo, aunque se espera que su voto sea dividido. Los gobernadores de Juntos por el Cambio, que necesitan recursos adicionales, muestran disposición para respaldar al Gobierno, pero prefieren no comprometerse hasta asegurarse de que sus preocupaciones hayan sido abordadas. Han dejado en claro a los funcionarios que todavía queda trabajo por hacer.