Protesta frente al municipio paceño
José C. Paz
Vecinos del barrio Unión Néstor Kirchner se manifestaron en reclamo por el conflicto de viviendas en la región, que incluye una fuerte denuncia a las intenciones de la Comuna. Mil familias podrían quedarse en la calle.
En enero de 2012 cientos de familias se instalaron en forma pacífica en las tierras cercanas a la VIII Brigada Aérea en los límites de José C. Paz y de Moreno, en el Barrio Sarmiento. Se organizaron bajo normas y se constituyó un equipo de delegados; de a poco levantaron sus casas, se consiguió luz y agua potable.
Algunos vendieron los lotes, otros compraron y vinieron de todos los puntos del conurbano bonaerense. Los mismos vecinos denominaron al barrio con el nombre del ex presidente Kirchner.
Un año después, a principios de 2013 el municipio paceño envió notificaciones donde pedían el desalojo, con el objetivo de instalar un polo productivo. A estas alturas la mayoría de las familias constituyó un barrio con sus casas de material y los vecinos afirman que van a resistir hasta las últimas consecuencias. Muchos se preguntan por qué dejaron pasar tanto tiempo. El predio de unas 90 hectáreas pertenece a una empresa. Intervino la Comisión Nacional de Tierras y comenzó una etapa de negociación donde se pretende que los vecinos se trasladen a otro lugar cercano, pero donde durante décadas funcionó un basural y se arrojaban residuos patogénicos.
En la negociación figura el fiscal Alfredo Cabezas de la Fiscalía de San Martín; los referentes de la empresa, SUSI BEN S.A. y VEBE S.A; el abogado Mariano Orgeiras y por la Comisión Nacional de Tierras los abogados Miriam Denegri y Ricardo Sasson. Por la Municipalidad de José C. Paz Hugo César Bernardinelli y los delegados de las manzanas del Barrio Néstor Kirchner.
“La causa penal es por usurpación, que no correspondía porque no hubo violencia cuando entraron en el predio, tramitada por la UFI 22 de Malvinas Argentinas. La 2128-12 fue archivada por el fiscal, pero sorpresivamente el fiscal general de San Martín decidió reabrir la investigación al solo efecto de que las partes medien en el centro de atención a la víctima”, explicó el abogado Jorge Cancio. “Eso sí como hay una causa penal, la negociación es bajo amenaza de desalojo por la fuerza pública”, finalizó.