Con el que fuera clausurado el pasado 3 de septiembre en Yapeyú 1603, ya suman 17 los prostíbulos cerrados en San Martín a lo largo de casi 10 meses de gestión. La política, enmarcada como bandera a lo largo de la campaña y señalada por varios apellidos del oficialismo como uno de los déficits de la anterior gestión, parece ser uno de los ejes del Ejecutivo comunal.

Así explicó José María Fernández, subsecretario de Protección Ciudadana y Seguridad, el procedimiento a LaNoticiaWeb: “Primero, nosotros trabajamos sobre la base de la denuncia de los vecinos. Esto nos permite hacer algún tipo de intervención para que ellos no vean alterada su vida cotidiana”. Según comentó, gracias a estos llamados el Estado municipal tiene un acceso “mucho más rápido” para evitar que se sigan realizando este tipo de actividades.

Luego, Fernández agregó: “A partir de ahí, realizamos la denuncia en la Fiscalía para que se proceda a la investigación. Y si no, con personal de Protección Ciudadana o la policía bonaerense, accedemos de forma voluntaria al establecimiento”. Según expresa el funcionario, su tarea consiste en ingresar y verificar si se está en presencia de trata de personas o de menores de edad. Según aseveró, la irregularidad de esta actividad no radica en la prostitución, sino en el regenteo, la trata y la presencia de menores de edad.

Por su parte, Magdalena Gagey, titular del Consejo de Políticas Sociales, destacó este punto como uno de los más importantes del gobierno: “Estamos muy de acuerdo con lo que está sucediendo, se trata de un tema que venimos trabajando hace tiempo”. Además, la ex pre candidata a intendenta sostuvo que debe “insistirse” en esta política y, en un mensaje a los vecinos, pidió combatir la problemática “también desde la participación comunitaria”. “Debemos construir mucha conciencia desde la comunidad”, agregó.

Según informó la Municipalidad, y aseveró Fernández, seis de los 17 prostíbulos clausurados tuvieron que ser cerrados dos veces ante la reincidencia de actividad. “En algunos lugares, pasan dos o tres meses y vuelven a la actividad. No es algo para lo que piden permiso”, afirmó el funcionario. Pero recordó el caso de otros, como uno ubicado en Villa Ballester, que debió ser puesto en alquiler debido a la clausura.