El juez federal Ariel Lijo decidió procesar sin prisión preventiva al ex presidente Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano y a otros ex funcionarios en la causa por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA.

Según anunció el Centro de Información Judicial, Lijo incluyó en el procesamiento también al hermano del ex presidente Munir Menem, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al comisario Jorge "Fino" Palacios.

En la misma situación quedaron el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchezar y el comisario retirado Carlos Castañeda. Todos están acusados de obstruir la investigación del ataque a la mutual judía de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Lijo también trabó embargos por 300 mil pesos para los acusados. En un extenso fallo, el magistrado da por acreditado que los hermanos Menem tuvieron incidencia en el expediente que manejaba Galeano. Esta causa por irregularidades en la investigación tiene como querellantes a la AMIA y a DAIA, así como a familiares de víctimas.

Según el expediente, se pudo acreditar que Carlos Menem, "en connivencia" con su hermano Munir, a partir del 1 de agosto de 1994 tuvo una "determinante incidencia" en el proceso judicial que dirigía Galeano.

De acuerdo con la investigación, con anterioridad al 31 de julio de 1994 existía en el expediente "un marco probatorio" que ameritaba allanamientos domiciliarios y la intervención de las líneas telefónicas de la familia de Alberto Kanoore Edul.

Kanoore Edul era un comerciante de origen sirio que, según revelaron escuchas telefónicas, tuvo vinculación con Carlos Telleldín, quien fue detenido tras comprobarse que por sus manos pasó la camioneta utilizada como coche-bomba para el atentado.

El fiscal del caso, Alberto Nisman, había denunciado un "plan deliberadamente ideado" para proteger a Kanoore Edul, quien, según las actuaciones, habría planificado el atentado junto al ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires Moshen Rabbani.

Lijo consideró que "al momento de efectuar los allanamientos existió una contraorden que determinó la necesidad de incumplir dichas medidas", con la finalidad, en parte, de "proteger a la familia Kanoore Edul y obstaculizar el descubrimiento de prueba relevante para la imputación de miembros de esta familia".

El dictamen del juez señala que en los días posteriores al atentado, los principales responsables de la investigación y Galeano tomaron medidas para "evitar la incorporación al expediente de las circunstancias que evidenciaran la ilegalidad de su actuar".

También sostuvo que "se dejaron sin efecto deliberadamente" las intervenciones telefónicas ordenadas a la familia Kanoore Edul. Además, Lijo se destruyeron u ocultaron los registros de comunicaciones telefónicas.

"Tales maniobras redundaron en un evidente entorpecimiento de la investigación, en particular, en una de las hipótesis más relevantes que se relacionaba con la corroboración de la participación de una conexión internacional en el atentado a la AMIA. Entorpecimiento, que se mantuvo a lo largo de los años", afirmó el magistrado.