La situación de la primera infancia en Argentina es profundamente preocupante. Según el INDEC, el país cuenta con cerca de 3 millones de niños y niñas entre 0 y 4 años, y la realidad que enfrentan es muy compleja. A finales de 2023, el 58,5% de los niños, niñas y adolescentes vivían en pobreza, y el 18,9% en pobreza extrema. Además, el informe Octava Ronda la encuesta rápida de UNICEF Argentina, comenta que existe un gran número de niños que crecen en hogares donde los recursos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, comprometiendo no solo su bienestar material, sino también su acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la seguridad social.

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para fortalecer la agenda de cuidados y reconocer la importancia de estas tareas, las políticas del gobierno de Milei han revertido gran parte de esos avances. La minimización de la importancia de las políticas de cuidado, junto con el desmantelamiento de programas esenciales para la infancia, vinieron acompañadas de un marcado desfinanciamiento. La reducción del 18% en los fondos asignados para 2024, en comparación con 2023, afectó gravemente a los espacios de cuidado infantil, que son importantes para el desarrollo de los niños más pequeños. Los datos actuales revelan una alarmante falta de compromiso en la ejecución de programas imprescindibles para la infancia en Argentina. Por ejemplo, el programa de «Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia», que incluye el financiamiento de EPI´s provinciales, municipales, aquellos gestionados por ONG y los conveniados con cooperativas, contaba con un presupuesto inicial de 447,14 millones de pesos, de los cuales solo se ha ejecutado el 7,81% (al momento). Además, programas como «acciones para la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes» y «políticas federales para la promoción de los derechos de niños y adolescentes», con presupuestos de 355,48 millones y 123,76 millones de pesos, respectivamente, no han ejecutado absolutamente nada (al momento). Esta situación refleja una preocupante inacción que pone en peligro el bienestar y los derechos fundamentales de los niños y niñas más vulnerables del país. Los EPI´s, que dependen en gran medida de subsidios gubernamentales para asegurar su funcionamiento, ahora enfrentan serias dificultades para proporcionar servicios básicos como alimentación, mantenimiento y el pago de salarios a los educadores.

Por otro lado, la cobertura de los servicios de cuidado y educación para la primera infancia en Argentina es profundamente insuficiente y desigual. Solo tres de cada diez niños menores de 4 años tienen acceso a estos servicios, lo que deja a la mayoría sin el apoyo necesario en una etapa clave de su desarrollo. Esta cobertura limitada es aún más preocupante en áreas rurales y entre las familias de menores ingresos, donde las opciones disponibles son prácticamente inexistentes. Además, la oferta de estos servicios está fragmentada y, en gran medida, controlada por el sector privado, lo que suma barreras adicionales para los sectores más vulnerables. Como resultado, los niños y niñas que más necesitan un entorno seguro y estimulante quedan en desventaja, perpetuando las desigualdades desde una edad temprana.

Para conocer de primera mano la situación de los espacios de primera infancia, entrevistamos a Melody, coordinadora del espacio comunitario «Ronda Caracol», un EPI ubicado en el municipio de Tres de Febrero que atiende a 35 niños. La coordinadora nos contó sobre la complejidad y los desafíos que enfrenta el espacio, especialmente en el contexto actual de ajuste y crisis económica. Este espacio depende en gran medida de los recursos que provienen de programas gubernamentales nacionales y provinciales, que en muchos casos no llegan o no han actualizado el monto de los desembolsos. Según Melody, hace dos años recibieron un subsidio inicial del programa de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), lo que les permitió realizar mejoras en la infraestructura básica, como baños y pisos. Sin embargo, este año no han recibido los desembolsos semestrales prometidos, lo que ha dificultado enormemente la continuidad de sus actividades. Este retraso en los pagos ha puesto en riesgo no solo el funcionamiento cotidiano del espacio, sino también la posibilidad de ofrecer servicios de calidad que cubran las necesidades esenciales de los niños y niñas y sus familias.

Entre los servicios que el espacio ofrece se encuentran cuidado, educación, alimentación (desayuno y merienda) y apoyo psicosocial para los niños y niñas. Sin embargo, debido a la situación económica no pueden mejorar prestaciones como la incorporación de almuerzos, que ha quedado en pausa debido al insuficiente presupuesto. Como resultado, se les pide a las familias que envíen una vianda diaria, aunque cada vez más, las familias dicen “nos está costando un montón, no tenemos para comer”. Actualmente, el espacio recibe diversas fuentes de financiamiento, la nacional a través de convenio con SENNAF que les provee 3.000 pesos por niño al mes, la provincial a partir de un convenio con la dirección de unidades de desarrollo infantil (UDI) que ofrece 17.000 pesos por niño al mes y, las colaboraciones de las familias, lamentablemente, no reciben ningún tipo de acompañamiento del gobierno local. Los ingresos que perciben están destinados al pago de los servicios esenciales para mantener en funcionamiento el edificio, aunque mes a mes se hace más difícil cumplir con los pagos debido a la desregulación tarifaria que impuso el gobierno nacional. Sin duda, la cuestión de los recursos es uno de los mayores desafíos para los espacios de organización comunitaria. Como explicó la coordinadora, en un único espacio funcionan dos convenios diferentes, que pertenecen a dos niveles de gobierno diferentes y responden a distintos programas con distintos objetivos, descoordinados entre sí. Además, los montos que perciben mensualmente por niño/niña han quedado completamente desactualizados lo que impide implementar mejoras en la infraestructura, comprar material educativo o fortalecer alimentos. Esto genera consecuencias en la calidad de los servicios que prestan sobre la crianza, la enseñanza y el cuidado.

Sobre la formación de las educadoras del espacio «Ronda Caracol”, recibieron el trayecto formativo popular en primera infancia que brinda la organización social UTEP. Según comentó Melody, esta formación está diseñada para preparar a las educadoras a enfrentar las complejas necesidades de los niños y niñas en contextos de vulnerabilidad. Sin embargo, la mayoría de las cuidadoras no ha pasado por el sistema educativo formal, por lo que su formación proviene de experiencias compartidas, de jornadas de intercambio popular, por fuera de un trayecto formativo que les entregue un título oficial. Esta situación contribuye a la precariedad laboral que enfrentan la mayoría de ellas, quienes dependen del programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, uno de los programas que más ajustes y recortes sufrió. Además, muchas de ellas solían recibir un complemento económico conocido como «nexo», que les permitía contar con un salario digno a fin de mes, pero este beneficio también fue eliminado. Esta reducción de ingresos de las educadoras trajo consecuencias en el espacio, solo pueden prestar servicio dos o tres veces a la semana, ya que muchas de ellas tuvieron que salir a buscar otras fuentes de ingreso, situación que puso en duda la sostenibilidad del espacio en varias oportunidades. A pesar de estos desafíos, la coordinadora mantiene firme el compromiso junto a su equipo y continúan trabajando en proyectos institucionales que promueven el desarrollo autónomo y la creatividad de los pequeños.

Las complejidades que enfrenta este espacio de primera infancia reflejan la realidad de cientos de otros en todo el país. El desfinanciamiento impulsado por el gobierno de Milei, junto con la precariedad en términos de infraestructura, alimentación y condiciones laborales, ha puesto en grave riesgo la calidad y continuidad de los servicios que estos espacios ofrecen. La drástica reducción de los fondos asignados, sumada a la ejecución limitada o nula de programas cruciales, ha generado un escenario alarmante. Muchos convenios de los EPIs con la SENNAF no han sido renovados, y otros están por finalizar, lo que podría colocar a estos espacios en una situación legal incierta para su funcionamiento. Sumado a esto, la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y carteras ministeriales no solo perpetúa las desigualdades, sino que compromete el futuro de los niños y niñas más vulnerables del país.

Es imperativo que el Estado nacional, como garante de los derechos de la infancia, revierta estas políticas de ajuste y asegure una financiación adecuada y coordinada de los espacios de primera infancia, al mismo tiempo, que planifique una política integral pensada, desarrollada y ejecutada desde una perspectiva educativa de calidad. La situación actual no solo pone en riesgo el desarrollo integral de los niños y niñas, sino que también amenaza con perpetuar un ciclo de pobreza y exclusión que será difícil de revertir. Solo con un compromiso real y sostenido hacia las políticas de cuidado y protección de la infancia será posible construir un futuro más justo y equitativo para las próximas generaciones.

La autora es Politóloga y especialista en primera Infancia. Además, se desempeña como concejala de Tres de Febrero por el Frente Renovador.