En un contexto de incertidumbre económica y disputas dentro de la industria naval, la decisión del Gobierno de avanzar con la compra de cuatro buques patrulleros oceánicos generó fuertes críticas y sospechas de irregularidades. La licitación, abierta en los últimos meses de la administración de Alberto Fernández, fue continuada por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Patricia Bullrich, a pesar de los reclamos de astilleros nacionales y sectores empresarios que pedían su cancelación o, al menos, una extensión considerable del plazo de presentación.

El Gobierno justificó la operación en la necesidad de modernizar la flota de Prefectura, que actualmente cuenta con patrulleros de la clase Mantilla. Sin embargo, voces críticas dentro del sector señalaron que ya existen cuatro buques similares en la Base Naval de Mar del Plata con pocas horas de navegación. Además, remarcaron que el proceso beneficiaría a una empresa extranjera con denuncias por corrupción, lo que despertó acusaciones de direccionamiento en la adjudicación.

El escenario se volvió más complejo tras la reunión entre Javier Milei y Emmanuel Macron a finales de noviembre de 2023, donde se acordó la compra de submarinos y los patrulleros en una operación que alcanzaría los 2 mil millones de dólares. Luego se confirmó que Francia financiaría la construcción de los OPV, y el Ministerio de Economía trabaja actualmente en los detalles finales.

Entre quienes cuestionan la licitación se encuentra el ingeniero naval Raúl Podetti, quien presentó una denuncia en el juzgado de María Servini, donde se le respondió que lo expuesto podría constituir un «potencial delito en curso». Podetti aseguró que la operación constituye un «multimillonario fraude», ya que una parte de la construcción se hará en el extranjero, lo que permitiría eludir impuestos nacionales por al menos 20 a 30 millones de dólares por barco.

Desde el Ministerio de Seguridad negaron las acusaciones y afirmaron que la licitación se realizó siguiendo los procedimientos correspondientes. El secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa, desestimó las denuncias de Podetti, asegurando que «habla por hablar» y que su presentación judicial «no tuvo trámite». No obstante, el ingeniero sostuvo que accedió al expediente en octubre de 2024 y que el oferente francés propuso la participación del astillero argentino SPI, el cual, según él, «no cuenta con la capacidad para construir estos barcos».

Otro eje de crítica es el impacto sobre la industria naval argentina. La Ley de Promoción de la Industria Naval exige que los barcos destinados a la Prefectura sean construidos en el país. A pesar de esto, la licitación favoreció a un astillero extranjero y dejó sin posibilidades reales de competencia a las empresas nacionales. Domingo Contessi, de la Federación de la Industria Naval Argentina, sostuvo que el proceso fue «inviable» para los astilleros locales debido a la volatilidad económica, lo que hizo imposible realizar una cotización adecuada.

En el plano internacional, la empresa adjudicataria, Naval Group, arrastra denuncias en distintos países por presuntos casos de corrupción. En Malasia, sus directivos fueron acusados de pagar sobornos a funcionarios del gobierno en la compra de submarinos. En India, en 2016, se filtró información clasificada sobre los modelos vendidos a su Armada, mientras que en Brasil, en 2017, se investigó si se habían pagado coimas en una compra de submarinos.

Ante estos antecedentes, el Gobierno evitó dar explicaciones sobre los motivos que llevaron a elegir a una empresa con un historial cuestionado. En el sector naval argentino, persiste la preocupación sobre el posible impacto de la operación y la falta de transparencia en el proceso de adjudicación.