Los jueces Martín Bava y Maximiliano Chichizola dieron cinco días hábiles al Gobierno para presentar la documentación que justificó el decreto que sumó otros 20.000 millones de dólares a la deuda pública.
El Poder Ejecutivo deberá entregar el expediente completo que fundamentó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) mediante el cual el Gobierno nacional intentó darle sustento legal al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de este año. La medida, que implicó un incremento de la deuda pública por 20.000 millones de dólares, fue cuestionada por organizaciones civiles y finalmente judicializada.
La orden fue emitida por los jueces federales Martín Bava y Maximiliano Chichizola, quienes apelaron a la defensa del derecho a la información pública y a la primacía de las normas democráticas por sobre las prácticas heredadas de gobiernos dictatoriales. El fallo, dado a conocer ayer, otorga cinco días hábiles al Ejecutivo para cumplir con la entrega del expediente.
El pedido fue impulsado por el abogado Francisco Verbic, integrante de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), quien ya había promovido acciones similares en causas vinculadas al endeudamiento nacional, como el préstamo de 57.000 millones de dólares que Mauricio Macri tomó en 2018 con el mismo organismo internacional.
En esta oportunidad, Verbic actuó junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y presentó una solicitud formal ante el Ministerio de Economía, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública. La cartera que conduce Luis Caputo aceptó tramitar el pedido y pidió una prórroga de 15 días, pero luego derivó el planteo hacia un canal administrativo tradicional, lo que fue interpretado como una maniobra dilatoria.
Una vez iniciada la causa judicial, los abogados del Estado sostuvieron que el expediente estaba disponible, pero que debía solicitarse por la vía administrativa que Verbic impugnaba. Cabe destacar que el DNU en cuestión no incluye detalles sobre las condiciones ni las razones del empréstito firmado en abril.
El demandante anticipó que no apelará la decisión, mientras que el fallo judicial refuerza el principio de transparencia en el manejo de los asuntos públicos, especialmente en temas sensibles como el endeudamiento externo.
