En el artículo 3 del Decreto 116/2025, publicado el jueves en el Boletín Oficial, se detalló que los accionistas del Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA S.A.) «serán el Estado Nacional, quien tendrá la titularidad del 99,9% del capital social y que ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía y la Fundación Banco de la Nación Argentina, quien tendrá la titularidad del 0,1% del capital social».

También se estableció que el capital social del Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima «se prevé en la suma de $1.602.274.965.000».

La entidad había sido excluida del listado de empresas a privatizar de la ley Bases, pero finalmente fue excluido de ese listado por el Congreso. Su titular, Daniel Tillard, impulsa su reforma.

Según se indicó en su momento desde el Banco Nación, la transformación en sociedad anónima es «imprescindible» para que la entidad «continúe aumentando los préstamos a favor de las PyMEs y las familias».

«Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en Sociedad Anónima y que tenga la aprobación del Congreso», explicó la entidad bancaria en un mensaje publicado en su sitio web oficial el 27 de enero.

La medida del Gobierno se conoce apenas cinco días después del escándalo que se generó alrededor de la criptomoneda $LIBRA que el presidente Milei recomendó en sus redes sociales y que podría derivar en una avalancha de denuncias y causas, tanto en Argentina como en los Estados Unidos.

El fallo de Ramos Padilla que en septiembre de 2024 frenó la privatización del Banco Nación

El Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, determinó en septiembre de 2024 que el gobierno de Javier Milei no podrá avanzar con la privatización del Banco Nación, a pesar de lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023, y deberá contar con el respaldo de una ley aprobada por el Congreso.

El fallo ocurrió en respuesta a una acción legal presentada por trabajadores de la entidad, quienes buscaron frenar algo que consideraron una privatización encubierta, impulsada por el DNU y la resolución 348 del Directorio del banco que habilitaba la contratación de asesoría privada para tal proceso. Según detalló Ramos Padilla, ambas resoluciones «no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria«.

De acuerdo a la sanción, el oficialismo necesitará enviar y aprobar una ley en el Congreso en caso de querer avanzar con la privatización de la institución. De esta manera, podría modificar la Carta Orgánica del BNA y transformarlo de un ente autárquico a una sociedad anónima.

En la resolución judicial, se tuvo en cuenta la sanción de la Ley 27.742 (Ley de Bases), que en su proyecto original declaraba al Banco Nación como una de las empresas estatales sujeta a privatización. Sin embargo, tras numerosas idas y vueltas, finalmente la entidad fue removida de la lista propuesta por el oficialismo.

El magistrado sostuvo que “se evidencia entonces la voluntad del Congreso Nacional y de ambas Cámaras, al sancionar la ley de excluir al Banco de la Nación Argentina como entidad sujeta a privatización, producto de un debate generado en el ámbito político adecuado con intervención de múltiples actores y que excede la revisión judicial”.

Además, remarcó que, en el texto constitucional de la nación, la creación del Banco de la Nación Argentina le compete al Congreso Nacional. De esta manera, el Poder Legislativo es el único que tiene la facultad de revocar dicho carácter.