El Estado recuperó su capacidad de acción y tiene en su poder herramientas de fiscalización. Esto le permitiría generar un sistema de premios y castigos, que otorgue los beneficios fiscales y el apoyo de forma selectiva. Es decir, a aquellos actores que demuestren interés en blanquear su economía, pagar impuestos, reinvertir en desarrollo y que sólo aumenten los precios cuando suban sus costos.
Después de siete años casi ininterrumpidos de crecimiento a una tasa de entre el 7 y 8%, el modelo productivo demostró que cuenta con consenso para avanzar en reformas estructurales más profundas. A diferencia del proceso neoliberal, que se caracterizó por un proceso regresivo de la distribución del ingreso, el modelo actual redujo la pobreza, recuperó la cultura del trabajo y atenuó la inequidad. La Argentina del “que se vayan todos” quedó atrás, y comenzó un proceso de recuperación de la política como herramienta de cambio. No es poco, en una sociedad que estaba fragmentada por la injusticia social.
La muerte del ex presidente Néstor Kirchner sirvió como una bisagra que permitió a buena parte de la clase media y de los trabajadores comprender la diferencia entre estos dos modelos. En este marco, distintas figuras del oficialismo y del arco popular plantearon la necesidad del profundizar el camino recorrido. El canciller Héctor Timerman subrayó que la clave de esta nueva etapa reside en afianzar el rol del Estado como rector de la economía y en continuar mejorando los parámetros distributivos. “La profundización del modelo implica seguir trabajando en la distribución de la riqueza, dar más participación a los trabajadores, mejorar la salud y la educación”, subrayó Timerman. Hugo Moyano (CGT) y Hugo Yasky (CTA) hicieron lo propio en representación de las centrales obreras.
Para avanzar en este sentido es necesario seguir recuperando al Estado como factor de equilibrio entre los grupos económicos y la población, ya que si algo quedó en claro durante el neoliberalismo es que, frente a la existencia de un vacío de poder, el mercado le asigna los recursos a los actores más poderosos. Esto explica por qué entre 1976 y 2002 se redujo más de diez puntos la participación de los asalariados en el PBI y se observó un llamativo proceso de extranjerización. Todo ello fue en desmedro de lo que el economista Aldo Ferrer denomina la “densidad nacional”, es decir, el desarrollo de parámetros culturales que facilitan la construcción de un país con identidad propia. La reforma financiera de Alfredo Martínez de Hoz, complementada con la creación de la carta orgánica promercado de Domingo Cavallo y la flexibilización laboral de los ’90, es ejemplo de políticas dirigidas a la destrucción del concepto de producción y la instauración de un modelo cultural financiero. Hoy los bancos en lugar de erigirse como la palanca del desarrollo siguen sentados en una montaña de dinero mientras que la flexibilización destruyó el concepto de trabajo.
En distintos informes sectoriales que la AFIP difunde, puede observarse otro fenómeno que se produjo como consecuencia de la versión de libre mercado que se acuñó en pleno neoliberalismo: los elevados rangos de concentración en segmentos claves y los altos niveles de elusión impositiva que se montaron en base a dudosos artilugios contables y al desmonte progresivo de los mecanismos de control impositivos, que estuvieron asociados con la pauperización del sector público. A modo de ejemplo, Aluar controla casi toda la producción de aluminio y no aporta un solo peso en concepto de Ganancias.
En este contexto de financiarización de la producción también puede enmarcarse el elevado porcentaje de empleo en negro y las dificultades para controlar algunos precios sensibles al bolsillo. Estos parecen ser los principal desafíos de corto plazo que tiene por delante el gobierno, si se busca avanzar en reformas más profundas asociadas a mejorar la equidad del sistema tributario, hacer más solidario el sistema de salud y la educación, hacer eficiente el gasto público y social y desarrollar un sistema productivo con alto valor agregado. Para alcanzar estos objetivos, el modelo tiene que iniciar un proceso de sintonía fina.
La economía informal no sólo implica la existencia de millones de argentinos con salarios bajos y escasos derechos laborales, sino que explica, en parte, los altos niveles de evasión. Aquellas empresas que trabajan en la economía informal tienen por definición bajos estándares de inversión tecnológica y basan su productividad en el dumping social y la evasión. La economía sumergida refleja un modelo de producción con bajo valor agregado y poca inversión. En una economía en que la tasa de rentabilidad de las empresas es alta y en la que la conflictividad laboral se mantiene en niveles bajos, tomando en consideración la disparidad de ingresos que aún subsiste, el aumento de los precios sólo puede asociarse a la ausencia de un sector bancario que financie la producción y a la persistencia de una cultura empresarial acostumbrada a ajustar los precios para garantizarse altos niveles de rentabilidad.
Pero, ¿qué herramientas tiene el Estado para combatir estos flagelos? En primer lugar, cabe recordar que la lógica primordial del kirchnerismo consistió en recuperar el papel protagónico de la política. La imagen de Fernando de la Rúa en el año 2001, desorientado y buscando la salida en el programa de Marcelo Tinelli, mostraba la incapacidad del mandatario, pero también la pérdida de autoridad del Estado. Kirchner logró revertir este fenómeno. El nuevo Estado omnipresente logró la recomposición de los organismos encargados de las tareas fiscales, como la AFIP, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Comercio Interior, lo que permitía poner en marcha un sistema de estímulos y castigos que tendían al bien común y censuraban a aquellos que hacían peligrar el equilibrio del país.
Según un informe de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la Secretaría de Hacienda, el Estado dispuso en el período 2008-2010 de gastos tributarios cercanos a los $ 72 mil millones. Es decir que si se suman las exenciones impositivas, las empresas dejan de pagarle al fisco más de $ 24 mil millones. A esto habría que sumarle los más de $ 10 mil millones en reintegros que recibe el sector agroindustrial, $ 10 mil millones en tasas subsidiadas y los $ 8 mil millones en créditos del Bicentenario, que tienen una tasa del 9%. Todo este dinero no incluye los subsidios millonarios que perciben las firmas energéticas y de transporte para mantener semicongelado el precio de las tarifas. Casi todos los países desarrollados generan incentivos a la producción mediante políticas que estimulan con deducciones y exenciones impositivas, créditos blandos o a fondo perdido. Pero reclaman como contrapartida el cumplimiento de los compromisos tributarios y laborales, entre otras cosas.
El Estado debe jugar un papel decisivo en el desarrollo productivo, pero ello no implica que haga de bobalicón. No puede darse el lujo de premiar a todos por igual. Tiene que usar la información y su capacidad para cruzar los datos disponibles con el objeto de promover a aquellos actores que favorezcan el empleo digno y la capacitación, fomenten la inversión en nuevas tecnologías, paguen sus impuestos a tiempo y sólo ajusten los precios cuando se produzca un aumento en sus costos. Además es posible desarrollar una política comercial externa selectiva. Que permita abrir las importaciones en aquellos sectores que muestren una evolución injustificada de sus precios.
Para avanzar en este sentido, Cristina Fernández tiene varias ventajas. Desde el punto de vista político, cuenta con un alto nivel de popularidad; además, carece de una oposición seria y de un proyecto propio que ofrezca una alternativa que amplíe y mejore el modelo actual, sino que ofrece volver a un modelo antipopular que ya fracasó en la Argentina y sigue fracasando en el mundo. El panorama económico también juega a favor de Cristina. El consumo interno sigue sostenido y la expectativa internacional favorece al país y le dan una bocanada de aire al discurso industrialista oficial. El flujo de capitales se revirtió. Ahora la Argentina y los emergentes en general se han transformado en una aspiradora de dinero. En otras palabras, Cristina Fernández tiene las condiciones dadas para avanzar en las reformas de largo plazo; el diseño de un esquema fiscal más justo (el actual se fundamenta en impuestos indirectos, más regresivos desde el punto de vista de la distribución del ingreso), la redefinición de un sistema financiero anclado en la producción y la creación de políticas públicas orientadas a mejorar la equidad.
Además, la experiencia también favorece al gobierno de Cristina. Néstor Kirchner supo elegir a sus adversarios con el objeto de crear una base electoral que le permitiera construir y sostener un modelo de sociedad inclusivo. Hoy, los principales obstáculos para transformar el crecimiento en desarrollo son la economía sumergida, la evasión y la elusión tributaria organizada. Pero también, por supuesto, aquella cultura productiva, con una ingeniería financiera, que se basa en la rentabilidad fácil, en lugar de posicionarse como una herramienta clave en el desarrollo socioeconómico del país.
