La Justicia cerró la causa en la que se investigaba la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza. Se consideró, como pretendía la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no tuvo ninguna responsabilidad en facilitar el encuentro.

El archivo de la pesquisa lo decretó el juez federal Luis Armella, el mismo que estuvo acusado en el caso “Gestapo antisindical” en el que se orquestó la persecución judicial del sindicalista Juan Pablo Medina durante el macrismo por decisión del gobierno y la SIDE. En este caso, Armella se hizo eco de un planteo que realizó el fiscal Sergio Mola, quien tenía delegada la investigación de la visita a represores como Alfredo Astiz y enfatizó que el SPF no cometió ningún ilícito. Mola es quien con su colega Diego Luciani pide que se envíe a la expresidenta Cristina Kirchner a una cárcel común en el marco de la causa Vialidad, donde también interviene.

“Solicitaré el archivo de la presente causa al no advertirse la configuración de un ilícito por parte de las autoridades penitenciarias”, sostuvo Mola en su dictamen como fiscal federal de Lomas de Zamora. De esta forma, cumplió con la voluntad de la ministra Bullrich, que tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario Federal.

El querellante Pablo Llonto definió ante El Destape que lo resuelto por la Justicia es “otra barbaridad de un integrante del Poder Judicial”. “El fiscal Mola diciendo: ‘¿Por qué motivo la autoridad penitenciaria debería haber tomado ante legisladores nacionales una actitud distinta a la que habitualmente adopta frente a autoridades judiciales?’ sostiene que los integrantes del Poder Judicial y Legislativo tienen coronita para entrar en las cárceles sin que los revisen y se les retengan los celulares. En cambio al resto del pueblo, sobre todo a la gente pobre, que la revisen”, cuestionó Llonto.

“Es una joda total. Siempre cuidan sus privilegios. Es el ‘viva la pepa total’ de funcionarios que ganan fortunas y permiten que no haya controles en las cárceles», concluyó.

Una comitiva de diputados libertarios visitaron el 11 de julio del año pasado a diversos genocidas en el penal de Ezeiza. Tal como consta en el expediente no fueron revisados e ingresaron con celulares y se tomaron fotografías.

Por ejemplo, según se desprende de la denuncia de Arrieta –que fue desestimada en su momento por Mola-, el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado, escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a represores en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”.

Todo indica que la referencia es a otra visita y no a la que realizaron los diputados libertarios el 11 de julio al penal de Ezeiza. Es que hubo otro encuentro en Campo de Mayo, donde también hay represores detenidos.

No es el único chat que involucra a Benedit. En otro de los chats difundidos, el diputado Beltrán Benedit dice: “Acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez, el Director del SPF. Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión. Nos facilitará el acceso a los penales el viernes”.

Cuando estalló el escándalo, la ministra Bullrich intentó desligarse del caso. En declaraciones radiales negó haber estado detrás del encuentro del 11 de julio y afirmó: “Me enteré de la visita de los diputados por los diarios”. También defendió al Servicio Penitenciario Federal, tal como lo hizo ante Arrieta: “El SPF si se presenta un diputado y pide entrar, lo tiene que dejar entrar por lo que dice la ley. Así que ni el SPF ni en mi caso que yo ni me enteré, porque no me llamó nadie, ni tuve una comunicación».