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Polémica alrededor de los terrenos del CASI
San Isidro

En la última sesión, la mayoría possista aprobó un convenio del Ejecutivo con el CASI para prorrogar la sesión por 20 años de los terrenos de “La Boya”. La oposición denuncia que el oficialismo difundió un comunicado donde se informa erróneamente las razones por las que 5 concejales no aprobaron la Ordenanza. El macrista Cervetto respondió que el Municipio le quita facultades al Concejo Deliberante.

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6 agosto, 2011 0

En la última sesión, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó la Ordenanza para convalidar un convenio entre la Municipalidad y el Club Atlético San Isidro (CASI). Mediante ese acuerdo se prorrogó por 20 años el uso por parte de la institución deportiva del predio conocido como “La Boya”, donde están instaladas canchas de rugby. Se trata de un extenso terreno delimitado por el Campo de Deportes del Colegio San Juan el Precursor, la calle Sor Camila Rolón, y el Campo Municipal de Deportes N° 6. Allí también se realizan torneos de futbol infantil.

En el recinto, un grupo de 5 concejales de la oposición se manifestó en contra de aprobar un convenio que se firma de manera inconsulta. Pero la polémica se desató a partir de un comunicado del oficialista Acción Vecinal San Isidro es Distinto.

El comunicado de prensa lleva el título de que “Cinco concejales se oponen a que el CASI siga usando terrenos con fines deportivos”. Luego se menciona a los ediles involucrados: Alberto Cervetto y Marcos Hilding Ohlsson (bloque Alianza Unión Pro – Convocación Ciudadana); Aurora Bastidas (bloque Peronista); y Santiago Cafiero y Leandro Martín (Partido Justicialista). Con cierta ironía, el texto también menciona al ultraopositor Pablo Chamatrópulos, “quien en su exposición en el recinto se manifestó en contra pero a la hora de votar (la votación fue nominal) lo hizo por la afirmativa”, según se consigna. La bancada opositora pidió que el convenio sea discutido en Comisión, algo que la mayoría possita desestimó.

Para terminar, el comunicado del possismo dice que “esta cesión de uso de tierras lleva más de 30 años y tiene como objetivo fomentar el deporte, algo tan importante en la formación de niños y adolescentes. Pero también viene defender un espacio verde en una zona lindera a la costa; ya que evita que se apropien de este sector para desarrollar allí emprendimientos privados, cuando la idea es destinarlo a lo deportivo y recreativo”.

LA RESPUESTA DEL PRO NO SE HIZO ESPERAR

La oposición se sintió tergiversada en sus argumentos. Entre las reacciones, el concejal macrista Alberto Cervetto, del bloque Unión PRO-Convocación por San Isidro, respondió con la misma medicina y difundió un comunicado.

“Los convenios que llegan al Concejo Deliberante lo hacen de manera Ad-Referendum, es decir, en forma posterior a haber sido ya instrumentados y puestos en vigencia por Decretos del Ejecutivo. En relación a ello, las facultades del Concejo se reducen a ratificar o no aquella vigencia, sin poder realizar eventuales modificaciones a los textos de los contratos”, comienza diciendo.

Cervetto informa que es cierto que se pidió la vuelta a Comisión, pero para poder mejorar el texto y lograr un mayor consenso en una nueva redacción. Y aclara que “tomarse más tiempo para discutir esta cuestión no implica que el acuerdo firmado pierda su actual vigencia”.

Luego de las explicaciones, llegan las críticas al oficialismo y el tono del comunicado possista: “Se pretende hacer creer que quienes votan contra estos Convenios no están a favor del fomento del deporte, o no quieren preservar el dominio y buen uso de un espacio público. La realidad es que ello es una explicación falaz, ya que si una normativa a considerar solo tiene la opción de ser aprobada o rechazada sin poder realizarle modificaciones, uno no tiene la posibilidad de ejercer sus funciones como miembro de un cuerpo deliberativo (…) Lo que se buscó es que justamente pueda ser tratado y debatido, siendo que el Ejecutivo se arrogó esta facultad en forma exclusiva”.

Finalmente, Cervetto denuncia que los convenios firmados por el Ejecutivo le quitan facultades al Concejo Deliberante.
 

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