Por Martin Granovsky, para Página/12

Presidente de Chile por primera vez entre 2010 y 2014, en ejercicio de su segundo mandato desde marzo del año pasado, Piñera es la séptima persona más rica de su país y el número 745 en el mundo. Su fortuna declarada alcanza los 2.700 millones de dólares. Los obtuvo en aerolíneas como Lan Chile, propiedades, supermercados, tevé, tarjetas de crédito y fútbol.

Uno de los hilos que anudan a Piñera y Macri es la Fundación Libertad, la de Mario Vargas Llosa. En julio último ese centro ultraliberal los reunió para un seminario. “Lo que está haciendo el Presidente Macri es lo que se tiene que hacer”, elogió Piñera. “Va en la dirección correcta y los frutos están a la vuelta de la esquina.” También le recomendó que, en caso de reelegir, “haga como Ulises”. El camino correcto sería taparse los oídos y atarse al mástil para no dejarse tentar por el canto de las sirenas. “Hay que resistir”, dijo. “Chile es una referencia”, lo saludó un Macri entusiasmado.

La referencia escogida por el macrismo supone la mayor privatización de un país ya privatizado. Chile sirvió de modelo. Margaret Thatcher aprendió cómo aplastar a los sindicatos. Carlos Saúl Menem se inspiró en Chile para destruir el sistema jubilatorio de reparto. Macri admiró un país donde los servicios públicos son un negocio.

En una nación que no fue desmilitarizada del todo tras 29 años de democracia, el estado de excepción de Piñera puso a los militares a patrullar. El presidente no dudó en adosarle el toque de queda que impide circular de noche en las principales ciudades del país. Y ya hay once muertos.

Los vecinos de clase alta hacen guardia como verdaderos parapoliciales. Igual que Patricia Bullrich con la inexistente RAM, la misteriosa organización que según ella conectaba a los iraníes, los venezolanos, los mapuches y los kurdos, Piñera le declaró la guerra a un “enemigo poderoso” que nunca identificó. Pero debió echarse atrás con el aumento del subte, detonante de las protestas. Y curiosamente en su última intervención prometió dialogar con la oposición para discutir cómo bajar el precio de los medicamentos y regular las alzas en electricidad y peajes. Entonces, ¿cuál era el enemigo?

El gobierno pareció inventar un chivo expiatorio para sembrar el miedo, como si fueron millones quienes estuvieran dispuestos a saquear supermercados.

En cuanto a la oposición, pidió pacificar pero no pareció comprender quién y por qué protesta.

Jorge Arrate fue el presidente de la empresa estatal de cobre cuando Salvador Allende nacionalizó las transnacionales. Con el golpe de Augusto de Pinochet se exilió en Holanda. Durante la democracia recuperada fue ministro de Patricio Aylwin y Eduardo Frei y embajador en la Argentina. Presidente del Partido Socialista en 1990 y 1991, dejó el partido en 2009. Hoy analiza que la Concertación de socialistas y democristianos hizo de menos en materia de justicia social y política entre otros motivos porque sobrevaloró el peligro de la restauración militar. A los 78 años, Arrate es un hombre cercano al Frente Amplio, la fuerza de izquierda que salió tercera en las últimas elecciones. Cuando habla de Allende, Arrate suele insistir en que el allendismo no fue solo la Unidad Popular que piloteaban el Partido Socialista y el Partido Comunista. También el sindicalismo, las mujeres, los estudiantes y los campesinos. “Lo que hoy llamaríamos movimientos sociales”, dice Arrate. El problema, para él, es que en Chile “hay una disociación entre las organizaciones políticas y las organizaciones sociales, y los partidos están cada vez más encapsulados”.

La compañera de Arrate, la conocida escritora Diamela Eltit, acaba de presentar en la web El desconcierto la protesta de estos días como “una furia a la vez presente y a la vez acumulada”. Para ella el problema va más allá del agua privatizada o “la contaminación clasista”, o la educación o la vivienda. “Se trata de millones de vidas a crédito o de las inexistencias de vidas jóvenes que habitan en la periferia.”