La entidad, que nuclea a 20 colegios departamentales y a más de 65 mil trabajadores del derecho, precisó -en un comunicado- que la solicitud se formuló a través de una carta enviada al gobernador Axel Kicillof y al titular del máximo tribunal bonaerense, Eduardo De Lázzari.

En la misiva, el Colegio planteó su «profunda preocupación» por la situación que atraviesa el servicio de justicia desde el pasado 16 de marzo, fecha en la que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió el asueto que hasta el día de hoy se ha ido prorrogando.

Si bien reconocieron la importancia del aislamiento dispuesto para evitar contagios de Covid-19, plantearon «la necesidad de exigir el restablecimiento del sistema a través de las herramientas tecnológicas y digitales que permitan, durante el sostenimiento de esta situación, posibilitar el pleno y real acceso a la Justicia».

«No podemos avalar la decisión del Poder Judicial de un asueto, y que ello conlleve la paralización de la justicia en el ámbito de nuestra provincia», afirmaron.

Además, sostuvieron que tampoco pueden «avalar que en dicho marco se resuelva la integración de turnos, como si se tratara de la feria judicial y mucho menos podemos avalar que, en un contexto tan delicado, de emergencia sanitaria y de apremio económico, alguien pueda merituar cuáles derechos conculcados son urgentes y cuáles pueden esperar».

Sostuvieron, además, que, en la actualidad, no tienen «acceso» a su trabajo, ni a la «representación, asesoramiento y defensa de los judiciales y no podemos afrontar económicamente las necesidades básicas de nuestras familias», planteó el Colegio.

En tanto, destacaron que los abogados hace tiempo que se capacitan «en el uso de las notificaciones electrónicas y el expediente digital», por lo cual «este es el momento que todo ese esfuerzo sirva para la utilización de manera remota por parte del Poder Judicial y garantizar el pleno acceso a la justicia de todas y todos los bonaerenses».

De esta manera, le requirieron a Kicillof y a De Lázzari que «declaren como esencial la prestación del servicio de justicia, garantizando así la necesidad de su pleno restablecimiento a través de los medios tecnológicos vigentes, así como la tarea de las abogadas y los abogados, para mantener la plena vigencia del Estado de Derecho».