Denunciaron penalmente al PAMI, conducido por Luana Volnovich, por desviar fondos durante la pandemia a centros de jubilados ilegales que pertenecían a La Cámpora. También habría irregularidades en las listas de afiliados.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos investiga al organismo por subsidios de $900.000 enviados en medio de la crisis sanitaria a «entidades y Centros de jubilados que pertenecían a La Cámpora y otras que directamente eran unidades básicas”.

El fiscal general Javier Arzubi Calvo, titular de la UFI, radicó la denuncia penal después de analizar un planteo de la diputada Graciela Ocaña y del exdiputado mendocino Luis Petri por presuntas irregularidades.

Frente a la disposición firmada por la titular del PAMI, la Unidad Fiscal especial realizó una investigación preliminar para determinar el destino de los fondos enviados por el PAMI y «la posible existencia de delitos como el desvío ilegítimo de fondos públicos y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Las prestaciones sociales otorgadas «no habrían sido destinadas a los fines reglamentariamente previstos por el propio instituto», dice la denuncia por la distribución de dinero en concepto de Subsidio Solidario de Sostenimiento, Modalidad Apoyo Extraordinario de Solidarios de nueve entidades.

Parte de esos centros «no se encuentran en funcionamiento en la actualidad, sino que están cerrados y, muchos de ellos son locales partidarios de la Agrupación Política La Cámpora», aseguraron.

El fiscal explicó que «resulta llamativo, entonces, que la inscripción de los centros Seguimos soñando, No me olvides, Eduardo Galeano, Honrar la vida, Milagros al Sur y La fe trae Esperanzas sea sustancialmente posterior a la suspensión de las actividades sociales en los centros de jubilados y al inicio de la pandemia. Es decir, de los nueve centros beneficiarios, seis fueron inscriptos con posterioridad al inicio de la crisis sanitaria«.

Entre otras irregularidades encontradas por el fiscal aparecen socios con falsas identidades, algunos «con más de una identidad», falta de documentación respaldatoria, firmas sin certificar y direcciones que no coinciden con lo declarado.