Por Jorge A. Benedetti

El pasado 1° de julio, al inicio del segundo semestre que se ha anunciado como de recuperación de la grave situación en que los argentinos hemos sido colocados, no sólo no parece ser así, sino que por el contrario nos enteramos de tres operaciones que se desarrollan contra nuestro pueblo.

En efecto, por un lado el presidente Mauricio Macri, levanta las restricciones legalmente vigentes y aprobadas por el Congreso Nacional, para que grupos extranjeros puedan hacerse de grandes porciones de nuestro territorio.

Por otra parte, un grupo de 36 legisladores de diversos partidos, pero con mayoría del bloque oficialista Cambiemos, presentó una iniciativa para legalizar el aborto, en concordancia con los propósitos del Banco Mundial, del FMI y de diversas instituciones norteamericanas.

Por último se anunció que el gobierno propone otorgar privilegios a las empresas extranjeras para contratar obras públicas sin licitación y con múltiples ventajas.

La ofensiva forma parte de lo que nuestros maestros calificaban como ataque del imperialismo, la sinarquía o los grupos oligárquicos concentrados. Se lo llame como se los llame, sin dudas se trata de un ataque de los poderosos contra el pueblo argentino.

ENTREGA DE LAS TIERRAS

Violando las normas constitucionales, el presidente Macri, por un decreto modifica una ley y dispone “facilidades” para que grupos extranjeros puedan acceder a las tierras de los argentinos.

La ley vigente impedía que en la denominada “zona núcleo” (norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe) los grupos extranjeros pudieran adquirir más de 1.000 hectáreas y fijaba un límite del 15% de las tierras del territorio argentino como posesión de los extranjeros. Así mismo la ley consideraba extranjero cuando estos poseían como mínimo el 25%. Ese porcentaje pasó a “más del 51%”, favoreciendo también de esa manera la extranjerización de nuestro territorio.

Omar Príncipe, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), aseguró que al presidente "no le tiembla la mano para favorecer a los intereses extranjeros". Agregando que "Una semana antes del Bicentenario de la Independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los recursos naturales".

El decreto presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito y advierte que, en caso contrario, lo fijará el gobierno nacional.

Además, el secretario gremial de FAA, Orlando Marino, dijo que mientras “los pequeños y medianos productores seguimos esperando respuestas” (…) quieren poner un cartel de remate a nuestras tierras, con los productores adentro. Necesitamos políticas públicas que promuevan el desarrollo rural, las economías regionales, los pueblos del interior. En lugar de eso, nos encontramos con un Decreto que el propio gobierno presenta como facilitador de las inversiones externas”.

UN ATENTADO CONTRA LA VIDA

En lo que hace al aborto no podemos olvidar que ya desde los años 70 el gobierno de los EE.UU. creó la Comisión sobre el Crecimiento Demográfico, presidida por John David Rockefeller III, a fin de organizar el financiamiento de los planes y de grupos abortistas. En 1974, el Secretario de Estado Henry Kissinger firma el “Memorándum de Estudio de la Seguridad Nacional – Implicancias del Crecimiento Poblacional Mundial para la Seguridad de EE.UU. e Intereses de Ultramar”, donde se alega que la explosión demográfica constituía una “amenaza” para la seguridad de ese país.

Por su parte la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) condiciona la ayuda económica a la imposición de planes de control de la natalidad.

No resulta casual que durante la presidencia del Banco Mundial de Robert Mc Namara, ex Secretario de Defensa de los EE.UU. durante los bombardeos más despiadados en la guerra de Vietnam, el banco se haya planteado aumentar considerablemente el caudal de préstamos bajo fuertes condicionamientos, uno de ellos era la aplicación de planes de control de la natalidad y esterilización masiva de la población, el abandono de los cultivos alimenticios por otros ligados a la producción textil o biocombustibles y el desarrollo de megaproyectos convertidos en “elefantes blancos” y causa de graves desastres ecológicos.

Frente a esto en ese momento en nuestro país, el Gral. Perón ponía en marcha el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional (1974-1977), advirtiendo sobre el peligro de la caída demográfica de la población argentina, destacando que eso, demostraba que estábamos siendo sometidos a un “sutil plan exterior del largo alcance para despoblarla de hombres y mujeres en edad útil”, apoyado en una campaña psicológica y material que promovía las esterilizaciones femeninas.

Para contrarrestar esta situación, el gobierno propiciaba medidas que permitieran cumplir con el objetivo de alcanzar los 50 millones de habitantes en el año 2000.

El 28/2/74, Perón firma el Decreto 659/74 que limitaba las actividades relacionadas con el control de la natalidad. Esta “amenaza que compromete seriamente aspectos fundamentales del destino de la República” se consideraba resultado del accionar de “intereses no argentinos” que desalentaban la consolidación y expansión de las familias, “promoviendo el control de la natalidad, desnaturalizando la fundamental función maternal de la mujer y distrayendo en fin a nuestros jóvenes de su natural deber como protagonistas del futuro de la Patria” (Decreto 659/74).

OBRAS PÚBLICAS MAYORES PRIVILEGIOS Y CORRUPCION

Al mismo tiempo el gobierno de Macri envió un proyecto al Congreso para darles mayores “garantías” a los empresarios de obra pública, con menor regulación, para “favorecer la inversión extranjera”.

La ley le permite al Estado celebrar contratos sin aplicar el Régimen de Obra Pública (Ley 13.064) y la Ley de Concesiones (nº 17.520). El proyecto le da a los empresarios la facultad de dirimir las controversias con el Estado por la vía del arbitraje, lo que significa que podrán hacer juicios en tribunales internacionales como el Ciadi, lo que nos trae recuerdos de las tristes experiencias en las controversias con las empresas privatizadas en los 90.

Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales y principal asesor de Mauricio Macri en “inversiones” extranjeras, explicó que también se proporcionará protección legal a las entidades crediticias mediante árbitros técnicos.

Además, el proyecto le da la facultad al empresario de suspender la ejecución del contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado.

A diferencia del régimen nacional, no se establece la obligación de publicar las licitaciones y su adjudicatario en el Boletín Oficial. Como queda en claro existen altos riesgos de corrupción, sumados a una larga lista de privilegios que el trabajo argentino no tiene.

HASTA QUE VENGA UN CRIOLLO EN ESTA TIERRA A MANDAR

Como decíamos al principio la ofensiva contra el pueblo argentino pretende que las tierras, la política poblacional y los contratos de obras públicas sean enajenados. No es casual que hoy los diarios informen que debido a la alta concurrencia de funcionarios a la celebración de la fiesta nacional de los EE.UU. la embajada haya tenido que alquilar salones especiales, pues la concurrencia no entraba en sus amplias instalaciones.

Mientras tanto nosotros no podemos dejar de recordar lo que manifestaba José Hernández, cuando ponía en boca de Fierro aquello de que “Y dejo rodar la bola, que algún día se ha de parar; tiene el gaucho que aguantar; hasta que lo trague el hoyo; o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar”.