Por Antonela Galiani

La problemática de qué hacer con los chicos que infringen la ley en Argentina genera repercusiones en los distintos sectores políticos y sociales. Es que no sólo el régimen penal juvenil actual despierta polémica, también el proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado y que fue presentado por los legisladores Sonia Escudero, Gerardo Morales y María Cristina Perceval.

A diferencia de la ley actual, promulgada por la última dictadura militar, este proyecto baja la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo que un menor podría ser privado de su libertad cuando cometiera delitos graves, como violación y homicidio. Sin embargo, antes de llegar al encierro, este proyecto plantea una serie de sanciones como pedir disculpas, realizar trabajos comunitarios, volver a la escuela, dejar de frecuentar determinado lugares e, incluso, penas privativas de la libertad en el domicilio. Además, esta iniciativa cubre una de las mayores deudas en materia penal juvenil: la falta de un proceso adecuado en el que el chico pueda defenderse.

Sonia Escudero habló en exclusiva con LaNoticiaWeb y explicó los comienzos del proyecto. “Hicimos una revisión de todas las iniciativas que había, escuchamos muchas organizaciones, en especial a UNICEF, y trabajamos cuatro o cinco años sobre esto. Sin duda, uno de los temas más difíciles de decidir fue el de la edad, pero sabemos que cuando hay un chico que comete un delito lo peor que puede hacer el Estado es desentenderse”, aseguró.

Respecto a la posibilidad de un juicio, este proyecto contempla ese beneficio para el menor y plantea que una vez que el niño haya cometido un delito, el juez puede determinar la suspensión del juicio y establecer medidas correctivas. Si el joven cumple, el juicio se termina; si hay incumplimiento, el proceso sigue. “En el caso de que se termine en condena, hay distintas medidas que el juez puede indicar, donde la privación de libertad es la última instancia y siempre por tiempo determinado. Por supuesto es necesario que el juez esté acompañado de un equipo interdisciplinario que lo ayude a determinar cuáles son las instrucciones judiciales para ayudar a que ese joven encuentre una inserción en el mundo y que no vuelva a cometer un delito”, concluyó Escudero.

DICTAMEN EN DIPUTADOS

El pasado martes 21 de septiembre la Comisión de Legislación Penal de Diputados firmó un dictamen consensuado entre legisladores de los partidos GEN, Proyecto Sur y Frente para la Victoria, cuya base es un proyecto presentado por los diputados del GEN Horacio Alcuaz y Fernanda Gil Lozano. Contrario a la que viene de la Cámara de Senadores, esta iniciativa no propone bajar la edad de imputabilidad y coloca como legalmente responsables a los chicos mayores de 16 años.

Al respecto, Gil Lozano explicó los objetivos del dictamen que todavía no fue debatido en el recinto. “Nosotros planteamos un régimen en el que tiene que haber una responsabilidad para aquellas personas de entre 16 y 18 años que no se adhieran a las reglas de convivencia que tiene toda sociedad. Pero la respuesta no es la cárcel, sino otras sanciones. Salvo en los casos de delitos graves, que de hecho son muy pocos, en los que se debe actuar de acuerdo a como rige el código penal en el artículo 90: se puede llevar a un chico a la cárcel, por una determinada cantidad de años, en casos excepcionales en los que ha cometido un delito grave”, aseguró.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Mejorar las condiciones de vida de muchos jóvenes, contribuir a su educación, a un mejor acceso a la salud y erradicar la pobreza en la que están inmersos serían las condiciones ideales para evitar que los chicos delincan, pero lamentablemente son soluciones que se podrían dar a muy largo plazo. Actualmente, las políticas de Estado para la prevención y protección de los niños son insuficientes. “El Estado es quien debe ocuparse. A los chicos hay que darles todas la garantías que merecen, pero esas garantías no hace falta reglamentarlas en una nueva ley penal, porque ya están establecidas en la ley 26.061, de Protección Integra y en los tratados internacionales que incorporó Argentina a su Constitución en 1994. Lo que falta es cumplirlas”, sostuvo un integrante de la Asamblea Permanente de los Derechos de la Niñez.
¿Encerrar a los jóvenes que infringen la ley es la solución al problema de la inseguridad?

“Ni el encierro penal ni el tutorial son la medida adecuada. Pero sucede que el encierro es más fácil que detectar falencias en las redes de sostén y formación, y que tratar de repararlas. Pero si lamentablemente los menores entran en contacto con el sistema penal o tutorial, de inmediato se debe organizar un grupo interdisciplinario que pueda detectar los problemas de base y las carencias que llevaron a tal conducta: desde maestros o profesores hasta psicopedagogos y sociólogos. Me pregunto con qué entereza moral se les reclama a los chicos que se hayan apartado del ‘camino del bien’, si ese camino para la mayoría de ellos estuvo clausurado desde que nacieron”, explicó María Laura Böhm, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC).

Si hablamos de ideales, las autoridades responsables deberían respetar todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, así, evitar que lleguen a infringir la ley. Pero la realidad es otra. Entonces, ¿qué hace el Estado con los chicos que ya cometieron delitos y que quedaron en manos de un juez que decide su destino sin posibilidad a defensa o con aquellos que están encerrados en institutos de menores en condiciones infrahumanas?

“El niño necesita el apoyo del Estado, de asesores que lo acompañen y de todo un proceso que hoy no existe. No hay que proteger sólo a la sociedad, también a los menores. Me parece que el tema “prevención” exige un plan integral que, lamentablemente, siempre tarda mucho. Por eso, también hay que trabajar con lo sancionatorio; tienen que existir políticas públicas tanto para la prevención como para la condena”, aseguró Gladys González, diputada del PRO.