En medio de un clima político tenso y crecientes debates sobre derechos individuales, un grupo de diputados del oficialismo presentó esta semana un proyecto de ley que propone modificar la actual Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012 y reconocida internacionalmente por su enfoque pionero en el respeto a la autodeterminación.

Aunque los detalles del texto aún no fueron difundidos en su totalidad, trascendió que el proyecto buscaría limitar el acceso a ciertos procedimientos médicos vinculados al reconocimiento de la identidad autopercibida, especialmente en menores de edad. También podría establecer nuevas exigencias administrativas para el cambio registral de sexo o género.

Organismos de derechos humanos, agrupaciones LGBTI+ y sectores de la oposición calificaron el proyecto como un retroceso preocupante en materia de derechos adquiridos. “Es un intento de revertir avances históricos, con argumentos que desconocen el principio de dignidad y libertad individual,” señaló una representante de la Federación Argentina LGBT.

Por otro lado, algunos legisladores oficialistas defendieron la iniciativa alegando la necesidad de “revisar aspectos técnicos y proteger el interés superior del niño”, aunque sin brindar definiciones concretas.

El proyecto para modificar la Ley de Identidad de Género fue impulsado por tres diputados nacionales: Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (ambos de La Libertad Avanza).

La Ley de Identidad de Género posicionó a Argentina como líder regional en políticas de inclusión, al permitir que cualquier persona pudiera acceder al reconocimiento registral de su identidad de género sin necesidad de tratamientos médicos, diagnósticos ni autorización judicial. Cualquier intento de reforma sobre esta norma despierta tensiones entre quienes promueven una visión conservadora y quienes defienden los derechos conquistados por las diversidades.

El proyecto será debatido en comisiones legislativas, donde se espera un intenso cruce de posturas. Organizaciones sociales ya convocan movilizaciones para rechazar la iniciativa, mientras expertos advierten sobre el impacto legal y simbólico que tendría su aprobación.