Los sospechosos de corrupción tienen una suerte bárbara. Pasaron ya tres días de una denuncia que conmovió al país y, por ejemplo, la financiera sospechosa de haber sido la que giró las divisas al exterior no fue allanada. Con lo cual, si había allí alguna prueba, olvídense. No sólo eso. Varios años después del estallido del escándalo de la fundación Sueños Compartidos ni un solo funcionario fue citado a declarar. O sea, no es que no fue imputado o procesado o condenado, como debería ocurrir: ni siquiera lo llamaron como testigo. Es lo mismo que ocurrió tras la tragedia de Once con el ministro que debía aplicar las sanciones que le reclamaban los organismos de control o que era el responsable de los subsidios a TBA. Nadie tampoco aparece involucrado en el escandaloso vaciamiento energético que se produjo antes de la expropiación de YPF, con la venia oficial, en esta década, no en la década del noventa.

Estamos hablando de hechos de corrupción que suman cientos de millones de dólares.

Pobre nadie.

El sí las paga todas. Nadie está procesado. Nadie es llamado como testigo. Nadie fue condenado. Nadie va preso. Nadie paga los platos rotos. Y si un juez decide, por alguna razón, allanar un lujoso departamento del vicepresidente, rápidamente se le aplica una sanción ejemplar para que nadie, de allí en más, sea allanado.

Ante esta situación el Gobierno resolvió implementar una reforma judicial, pero para garantizar que Nadie pague por sus delitos. Es decir, no para generar un marco en el que sea más sencillo investigar ladrones que se ubiquen en el poder, político o económico, sino que sea aún más complicado.

En estos días, el Parlamento, en tiempo récord, por las mayorías que tantas veces lo deshonraron en nuestra pequeña historia democrática, está aplicando algunos golpes letales a la pelea por la existencia de una Justicia independiente en la Argentina, que ya lleva, al menos, dos décadas, esto es, desde que el menemismo designó a los jueces adictos e impuso una mayoría automática en la Corte Suprema, también con el apoyo de la mayoría del Parlamento que aplaudía a rabiar cada designación.

Cualquiera que tenga intención de enterarse de qué se trata ya tiene suficiente material en distintos medios. Pero quizá valga ubicar en su contexto tres de las medidas para entender por qué se trata de un golpe muy duro y deliberado contra la posibilidad de que la corrupción sea investigada.

En toda la pulseada contra los valores impuestos por el menemismo en los ’90 hubo avances y retrocesos. Por ejemplo, uno de los avances fue la constitución del organismo que debe designar a los jueces con algo de independencia del Poder Ejecutivo. El primer Consejo de la Magistratura, en 1994, le otorgaba al oficialismo el control directo de sólo la cuarta parte del cuerpo. La reforma que impulsó Cristina Kirchner en el Senado en el 2006 aumentó esa participación a casi un cuarenta por ciento, 5 de 13. La que se está por aprobar ahora le cede al Ejecutivo casi el 70 por ciento del Consejo de la Magistratura. O sea, el control total. Esa idea, de incorporar un paso intermedio para que Carlos Menem, Néstor Kirchner o quien sea, designe o castigue a los jueces a su antojo, y que funcionó de manera mediocre en estos años, es borrada de un plumazo con esta reforma.

Y dicen que es para democratizar la Justicia y luchar contra las corporaciones.

Sólo en Carta Abierta pueden creer eso.

Otro de los elementos que fueron arrancados al sistema que protege a los funcionarios ladrones fue la ley de ética pública, que Menem concedió en un momento de debilidad hacia el final de su mandato. Por esa ley, los funcionarios tenían que presentar una declaración de bienes mucho más detallada que la declaración jurada ante la AFIP. Eso permitió que se iniciaran muchas investigaciones periodísticas sobre su patrimonio, las que ahora se dificultan porque, contra lo que se publicita desde el Gobierno, las declaraciones de bienes serán mucho más oscuras.

Y el tercer elemento es el más trascendente. Quizá la mayor victoria que tuvieron aquellos que creen realmente en la necesidad de una Justicia independiente fue gracias a una decisión de Kirchner, que fue la designación de los actuales miembros de la Corte. La construcción de una Corte independiente significa exactamente eso: una Corte que muchas veces fallará en contra de las decisiones o los intereses del Gobierno y otras muchas a favor. No se puede pretender que una Corte sea integrada por juristas independientes e íntegros pero que, al mismo tiempo, obedezca a todo lo que quiere el gobierno. O es independiente o es obediente, así de simple. Una Corte independiente que hace todo lo que quiere el Gobierno es, sencillamente, un oxímoron. Curiosamente, en esta reforma el Gobierno quiere construir tribunales intermedios que le demorarán interminablemente la llegada a la Corte de causas clave y, además, le quitará poder en el manejo presupuestario del Poder Judicial.

Asfixiar a la Corte es otro de los objetivos centrales de la reforma.

Todo adornado, como también ocurrió con la ley de medios, por palabras conmovedoras como democracia, justicia popular, o justicia legítima, por más que ninguna de las medidas tenga absolutamente ninguna relación con el acceso de los sectores populares a la administración de justicia, y otras vayan directamente en contra de ese objetivo.

O sea que los ladrones podrán estar tranquilos.

Porque todo seguirá como hasta ahora pero peor.

Nadie irá preso.

Nadie será llamado a declarar.

Nadie será procesado, ni condenado.

¿Qué habrá hecho nadie durante la dictadura?

Es curioso lo que pasa.

Como si el Gobierno hubiera decidido exponer lo que es de manera descarnada. Para que nadie, salvo un grupo de intelectuales, periodistas y abogados que se han olvidado tantas cosas, tenga dudas de lo que están buscando.

Ya lo habían hecho en Santa Cruz, como lo denunciaban Horacio Verbitsky o Raúl Zaffaroni. Esa provincia donde una familiar de Máximo Kirchner sería la encargada de investigar el enriquecimiento patrimonial de Lázaro Báez, el empresario que construyó el mausoleo del ex presidente y construye la casa de su hijo.

Todo esto parece una impresionante confesión de parte.

Así de horrible como suena, tampoco es definitorio, porque tarde o temprano las cosas cambian. Así se salió de la década del noventa o se juzgó a los militares, todos procesos que al principio parecían imposibles.

De cualquier modo, qué necesidad.

Eh.

Qué necesidad.