Luego de hacerse público un informe pericial que descartó irregularidades en las elecciones de 2019, la Fiscalía sobreseyó o liberó de responsabilidad penal a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunciados por fraude electoral.

“El hecho denunciado no constituye delito a los efectos de subsunción a los ilícitos descritos y denunciados, siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solamente es acusar sino también eximir de responsabilidad penal cuando se establezca con meridiana claridad que el hecho objeto de investigación no constituye delito como es el presente caso de autos”, establece la parte resolutiva de la resolución fiscal al que tuvo acceso La Razón.

Los acusados beneficiados con la resolución son los exvocales del TSE María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani, Lidia Iriarte y Édgar Gonzales, además de los exfuncionarios Wilson Rodríguez, Abimael Machicao, Osvaldo Aspi, José Antonio Pardo, Winsor Saire y Sergio Martínez.

Una vez renunció Evo Morales en noviembre de 2019, acorralado por las denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión, la Fiscalía de oficio inició una investigación por la denuncia de fraude electoral y aprehendió a las exautoridades electorales nacionales y departamentales.

El informe cuestionado por diferentes estudios externos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades en las elecciones anuladas de 2019 fue la base para las acciones de la Fiscalía. Hasta el momento fueron liberados de culpa los exvocales departamentales bajo la premisa de que no se encontró pruebas de la denuncia.

En conferencia de prensa, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, leyó las principales conclusiones del informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), que hizo las pericias sobre los resultados de las elecciones anuladas de 2019.

Lanchipa destacó que las investigaciones sobre la seguridad electoral en 2019 encontraron “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.

Bajo estas conclusiones, la Fiscalía presentó ante la Justicia la resolución de sobreseimiento de los acusados