La preparación del acto del 29 de noviembre en Plaza de Mayo dejó al descubierto una red amplia de ex militares, abogados defensores de imputados por delitos de lesa humanidad y dirigentes con vínculos directos con espacios de extrema derecha. El llamado buscó instalar la idea de que existen “presos políticos” en la Argentina y contó con avales dentro del oficialismo libertario.

El motor inicial de la iniciativa fue Orlando “Hormiga” González, un ex integrante del grupo de tareas de la ESMA que recibió prisión perpetua en 2017 y cumplió arresto domiciliario. González admitió su rol como coordinador de la convocatoria, aunque luego se alejó del armado. Publicó un texto en el que aseguró: “Mi obligación moral me impone no ser partícipe de esta equivocada decisión y en consecuencia retirarme en forma indeclinable”. Expuso que el Ministerio de Seguridad, todavía bajo la conducción de Patricia Bullrich, recomendó trasladar el acto a Plaza San Martín por la coincidencia con una manifestación por Palestina. Señaló que otros organizadores “ignoraron el peligro potencial” y decidió apartarse.

El represor no podía asistir por su situación judicial y aclaró que tampoco mostró interés en hacerlo. Explicó que colaboró porque el reclamo también lo incluía. En la ESMA anotaba el ingreso de personas secuestradas, registraba pertenencias y fotografiaba víctimas, una tarea que utilizó luego para cuestionar su condena en un libro propio.

Durante las semanas previas, González firmó una declaración de la agrupación “Unidos por la sangre derramada”, en la que reivindicó a “veteranos uniformados de la guerra contra la subversión”. El texto planteó un homenaje a quienes definió como soldados que “arriesgaron sus vidas y vencieron al terrorismo en los 70”. También afirmó que más de 2700 militares atravesaron detenciones y mencionó a veteranos de Malvinas que murieron bajo custodia.

La organización efectiva del acto recayó luego en Asunción Benedit, referente de “Pañuelos Negros” y hermana del diputado libertario Beltrán Benedit. La agrupación consolidó la estructura de la convocatoria. La misma dirigencia había protagonizado un acto en Tucumán, el 9 de febrero, para resaltar el Operativo Independencia. En ese espacio repitieron una consigna que describieron de manera tajante: “Los pañuelos negros son porque la patria está de duelo y vienen a unir todas las causas”.

Benedit se conectó con otros organizadores, entre ellos Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea. La red también incluyó delegaciones de Chile, Perú, Uruguay y Bolivia. Entre los asistentes internacionales destacó la presencia del hijo de Mario Terán Salazar, el militar boliviano que ejecutó a Ernesto “Che” Guevara.

La actividad tuvo vínculos con el Congreso y con la Casa Rosada. Los organizadores solicitaron ayuda para financiar traslados de quienes viajaron desde Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mar del Plata y Río Grande. Sin embargo, el bloque libertario negó cualquier participación formal.

“Pañuelos Negros” defendió la elección de la Plaza de Mayo ante las críticas por el valor simbólico del lugar. Una fuente afirmó: “Los que inventaron los pañuelos fueron los familiares de los militares, no las madres o las abuelas”. Luego agregó: “Estamos en las antípodas de ellas pero no es nuestra lucha la de los desaparecidos”.

Entre los apoyos también sobresalió la agrupación Justicia y Concordia, integrada por abogados de represores. Allí se destacaron Ricardo Saint Jean, hijo del gobernador de facto bonaerense, y María Laura Olea, abogada que actuó en varias defensas, incluido su padre, el general Braulio Olea. Ella misma visitó a González días después de publicar en La Nación una carta de lectores en la que afirmó: “Hay personas que la Constitución no ampara. Hay silencios que rompen los tímpanos”.

Otro organizador fue Alfredo Manzur, ex combatiente de Malvinas y actual procurador del Poder Judicial tucumano. En su trayectoria arrastró denuncias por torturas a conscriptos y participó en eventos donde se elogió el Operativo Independencia, incluso en la Legislatura porteña.

La convocatoria del 29 de noviembre se convirtió así en una muestra explícita del avance de sectores negacionistas dentro del espacio libertario, con ex militares condenados, familiares de represores, dirigentes ultraconservadores y organizaciones que buscan relativizar los crímenes del terrorismo de Estado. En ese escenario, Plaza de Mayo funcionó como un escenario elegido para intentar proyectar una narrativa opuesta a la memoria democrática.