
Javier Milei enfrenta una crisis interna sin precedentes en su gobierno, con expulsiones inminentes de miembros clave de su bloque y una serie de derrotas legislativas. Las tensiones internas y las controversias, incluyendo la denuncia de violencia de género y la falta de apoyo de aliados políticos, han dejado al gobierno en una situación crítica, poniendo en peligro su estabilidad y efectividad.
Javier Milei ha dado luz verde para expulsar a cinco diputadas y una senadora de los bloques de La Libertad Avanza en el Congreso, tras una semana llena de controversias internas y severas derrotas legislativas. Las diputadas que enfrentan esta medida son Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Marcela Pagano, Pablo Ansaloni, y el sanjuanino José Peluc.
Bonacci y Arrieta están implicadas en los escándalos que surgieron tras su visita a los represores encarcelados en el penal de Ezeiza. Pagano es acusada de haber sido la responsable de la crisis dentro del bloque, en colaboración con Germán Martínez y Cecilia Moreau de Unión por la Patria. Arrieta, además, fue vista con una edición del Nunca Más el mismo día en que Moreau se encontraba recorriendo el Congreso con el mismo libro.
Ansaloni se vio atrapado en el conflicto relacionado con la intervención de Osprera, la obra social de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Su oposición a esta intervención tocó puntos sensibles para el gobierno. Por su parte, a Peluc se le atribuye la filtración de audios y mensajes a los medios, lo que ha causado fricciones dentro del gobierno libertario.
El destino de Arrieta parece sellado: la diputada, conocida por su afiliación a los «patitos«, parece haber perdido su lugar en el bloque. Sin embargo, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, no está completamente convencido de proceder con estas expulsiones y busca evitar más deserciones. A pesar del desorden interno, Menem está considerando el impacto político de perder votos en el recinto.
En el Senado, el formoseño Francisco Paoltroni ha generado controversia al pedir al Presidente que retire la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema y al solicitar públicamente que el mandatario envíe a Santiago Caputo a «fumar al quincho del fondo». El gobierno sostiene que Paoltroni está operando en favor de Victoria Villarruel y Mauricio Macri.
Los defensores de la expulsión de los cinco diputados y el senador formoseño argumentan que estas bajas pueden ser compensadas con el apoyo de diputados y senadores de Patricia Bullrich.
Después de su ruptura con el PRO, la ministra de Seguridad prometió a Karina Milei y Martín Menem nueve diputados. Sin embargo, durante la sesión en la que se debatió el DNU sobre los fondos reservados de la SIDE, solo pudo contar con cuatro votos: Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Aníbal Tortoriello y Patricia Vázquez.
Cinco diputados cercanos a Patricia Bullrich optaron por no apoyar el DNU: Silvana Giúdici y Fernando Iglesias se abstuvieron, a pesar de su trato deferente hacia Milei. Además, Hernán Lombardi y otros dos diputados cercanos a Bullrich, Gerardo Milman y Sabrina Ajmechet, se ausentaron de la votación.
En el Senado, Bullrich planea incorporar a los libertarios, incluyendo a Carmen Álvarez Rivero, quien la semana pasada votó en contra del proyecto de aumento de jubilaciones. La senadora por Córdoba calificó el proyecto como una «irresponsabilidad» que atenta contra la estabilidad macroeconómica.
Según informaron fuentes cercanas a los involucrados en las negociaciones, Gabriel Bornoroni, actual jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, ha estado dialogando en las últimas semanas con su predecesor, Oscar Zago, para explorar la creación de un interbloque.
Este acercamiento cuenta con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien tanto Bornoroni como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, están políticamente vinculados. La iniciativa ha llevado a un acercamiento con el dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
Las autoridades nacionales están al tanto de su situación de minoría legislativa, una debilidad que se hizo evidente recientemente cuando el PRO dejó de respaldar las iniciativas del Poder Ejecutivo. Esta falta de apoyo ocurre en un momento de tensión entre el líder del partido, Mauricio Macri, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La semana estuvo marcada por escándalos sin precedentes y derrotas legislativas severas para el gobierno. Según se pudo constatar, Milei escuchó por teléfono el relato de los acontecimientos tras la controvertida reunión del bloque de La Libertad Avanza, que culminó con una denuncia de violencia de género por parte de Arrieta. Frustrado, el Presidente habría comentado a su interlocutor que Martín Menem y Gabriel Bornoroni «no atajan un solo penal».
Con una minoría en el Congreso y la posibilidad de perder a tres miembros más en Diputados—Arrieta, Bonacci y Pagano—, el Gobierno está evaluando sus próximas acciones tras las recientes derrotas en ambas Cámaras, incluyendo el rechazo del DNU sobre los fondos de la SIDE y la aprobación en el Senado de la movilidad jubilatoria.
Además, el conflicto con la vicepresidenta Victoria Villarruel añade otra capa de complejidad. Aunque no se le señala directamente, implícitamente se le atribuye responsabilidad por la visita de parlamentarios a los represores en Ezeiza. “No sé si ella tuvo algo que ver con esto. Habrá que ver. Mi agenda no es, seguro”, comentó el presidente Javier Milei en una reciente entrevista radial.
El gobierno se encuentra en un momento crítico, enfrentando una serie de escándalos y derrotas legislativas que reflejan una profunda crisis interna y una falta de cohesión. La incapacidad para manejar las controversias y mantener la disciplina dentro de los bloques demuestra una desconexión alarmante entre el liderazgo y la base legislativa. Las expulsiones y la incertidumbre sobre el apoyo de aliados clave, como Patricia Bullrich, evidencian una falta de estrategia clara y un debilitamiento del poder ejecutivo. La incapacidad para responder de manera efectiva a las crisis y gestionar los conflictos internos no solo socava la estabilidad del gobierno, sino que también pone en riesgo su capacidad para implementar políticas y mantener el respaldo público, dejando en evidencia una gestión ineficaz y desorganizada que afecta gravemente su credibilidad y eficacia.